Capacita SMA a Personal de Ecología de los Municipios en Medio Ambiente
CANCÚN, QRoo, 28 de agosto de 2018.- El decreto que proclamó al Sistema Lagunar Chichankanab como Área Natural Protegida, con categoría de Reserva Estatal, en el municipio de José María Morelos, fue suspendido el 28 de junio pasado por orden del Juzgado 1 de Distrito, hasta que no se dicte la resolución definitiva en audiencia constitucional programada para el 7 de septiembre próximo.
“El decreto impugnado constituye un acto de autoridad por el cual se priva a los quejosos en sus derechos de propiedad, sin haberles otorgado la participación debida durante el procedimiento para la elaboración y posterior aprobación y expedición de la declaratoria de Áreas Naturales Protegidas”, afirmó Juan Antonio López Cruz, coordinador del área de Justicia Transnacional de la asociación civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abogado legal del ejido Dziuché.
Informó que obtuvieron una suspensión de plano sobre los efectos del decreto, hasta en tanto se dicte la resolución definitiva.
Resaltó que la resolución representa un hito en el reconocimiento de los derechos agrarios y de propiedad, para garantizarles a los núcleos agrarios la posesión, uso, administración y goce de sus tierras.
El polígono del área natural protegida abarca una superficie de 11 mil 609 hectáreas, terrestres y lagunares, que oficialmente buscan ser preservados.
Sin embargo, se había abierto la puerta a terceros, empresas o asociaciones civiles ajenos al ejido, al uso y goce de la administración y de los recursos naturales, mediante convenios celebrados con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema).
Antonio López dijo que el nacimiento de esta reserva estatal fue impuesto al ejido violando los derechos agrarios de los propietarios de las tierras decretadas como área natural protegida, el 1 de abril de 2011, así como sus derechos como pueblo indígena.
Pese al veredicto ejidal y, en franca violación a sus derechos, el área natural fue decretada, ocupando sus tierras, sin notificación alguna. El ejido abarca 27 mil 703 hectáreas, así que prácticamente la mitad queda dentro del polígono reservado.
El 26 de marzo de 2018, el ejido promovió una demanda de amparo ante el Juzgado 1 de Distrito, radicado en Chetumal, y el 2 de abril ese juzgado desechó el amparo, declarándolo improcedente al haberse vencido el término para presentar ese recurso legal.
En respuesta, el nueve de abril, el ejido promovió un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado contra la resolución del Juzgado de Distrito. El fallo fue a favor del ejido y el tribunal ordenó al juzgado enmendar su resolución inicial y dictar la suspensión del decreto.