Valor & Ideas

PEMEX, EL PND Y EL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Pemex requiere toda la atención financiera, al igual que toda la economía nacional.

En ambos casos, no hay fórmulas mágicas.

Ambos requieren, mayor inversión pública y mayor inversión privada.

Para que ambas puedan darse con resultados benéficos para las y los mexicanos, es imprescindible dar lugar al Estado de Derecho y para ponerlo en la perspectiva correcta, al Estado Democrático de Derecho.

El corazón o el eje alrededor del cual gira dicho Estado Democrático de Derecho, es la eliminación de la arbitrariedad estatal que afecta a los ciudadanos, como sostiene Gustavo Zagrebelsky en “El Derecho Dúctil”.

Dicho lo anterior, en función de partir de la exigencia ética de que los individuos, las y los ciudadanos, las y los destinatarios de la ley, deben ser tomados en serio, considerados como seres autónomos y dignos.

Entendiendo por dignidad, como lo formuló en su momento Kant: “obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin… y nunca… como un medio”.

Esto es, mexicanas y mexicanos, somos, debemos ser el fin, el objetivo de toda acción de gobierno, de toda política pública, “nunca… un medio”.

Por ello, no se deben perder de vista algunos de los lineamientos expuestos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024.

“Tenemos ante el mundo la responsabilidad de construir una propuesta posneoliberal… Debemos demostrar que sin autoritarismo es posible imprimir un rumbo nacional… sin excluir a nadie… el desarrollo no tiene porqué ser contrario a la justicia social.”

Uno de los principios rectores del PND es “Nada, al margen de la ley; por encima de la ley, nadie… hemos de desempeñar el poder con estricto acatamiento al orden legal… nada por la fuerza… fin de los privilegios…”

En el principio rector “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, se establece “… rechazamos toda forma de discriminación…”

En el de “Ética, libertad, confianza”, se señala que es “… más constructiva la libertad que la prohibición…”

Concluyendo sus principios rectores o “puntos centrales del nuevo consenso nacional”, con este compromiso: “El gobierno federal debe recuperar su función de árbitro… empezar a cumplir sus mandatos constitucionales como guardián de los derechos individuales y colectivos y asumir plenamente sus facultades como impulsor y conductor de la economía.”

Los mandatos, como podemos ver, son claros. Se acepta el principio de imperatividad de la ley, que es contrario a la creación y aplicación de normas jurídicas discriminatorias, retroactivas e inestables, secretas y confusas.

La primacía de la ley, es lo que hará rendir más, en beneficio de mexicanas y mexicanos, los escasos recursos públicos y en igual forma, esa primacía de la ley, es lo que favorecerá la permanencia de las inversiones, las reinversiones y la participación de más y nuevos inversionistas en el crecimiento y desarrollo de la economía nacional.

Nuevamente reitero lo que he venido reiterando en este espacio. El Congreso de la Unión y los Congresos locales, tienen la grave responsabilidad de hacer crecer y conducir los recursos públicos, a donde pueden beneficiar más a las y los mexicanos, así como estimular que las inversiones de los particulares, vean en México y en sus entidades federativas, un espacio propicio y seguro para invertir.