Para capturar maleantes, 6 de cada 10 avalan actuar al margen de la Ley

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de julio de 2019. —  Entre los mexicanos persiste una actitud de permisividad frente a acciones al margen de la ley, de acuerdo con el estudio Cultura de legalidad en el país del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, en el que se observa que 62 por ciento está de acuerdo en que, para poder capturar delincuentes las autoridades pueden actuar al margen de la Ley.

Este estudio, que da seguimiento a otro con la misma temática realizado en 2014, buscó información sobre el comportamiento de la población ante las leyes y su opinión respecto a la impartición de justicia. También explora su percepción y actuación ante faltas e infracciones cometidas por ciudadanos y servidores públicos.

Percepción de la ley entre la población

Según detalla un comunicado de la UNAM, la relación de las leyes y los mexicanos muestra claroscuros, ejemplo de ello es que, mientras 89 por ciento está de acuerdo con la frase “para que exista un mayor cumplimiento de las leyes el gobierno debe guiar con el ejemplo”, 62 por ciento está de acuerdo en que, para poder capturar delincuentes, en ocasiones las autoridades pueden actuar al margen de la ley. Adicionalmente, 70 por ciento dice que entiende bien las leyes, pero solo 23 por ciento piensa que la mayoría de los mexicanos las respetan.

Entre la población no predomina una buena opinión sobre el sistema de impartición de justicia. Solo 31 por ciento la considera eficiente, 38 por ciento piensa que sí se castiga a los culpables, 41 por ciento cree que favorece los derechos del acusado y 74 por ciento estima que sirve a quien tiene dinero. El nivel educativo influye en estas opiniones, a menor escolaridad se tiene una mejor opinión de la impartición de justicia en el país, es decir, el sector con menos estudios piensa mayoritariamente que el sistema protege al inocente y que es eficiente, esto contrasta con quienes tienen un nivel educativo más alto.

En relación al estudio realizado en 2014, en el de 2019 aumentó el porcentaje de población que considera que el sistema de impartición de justicia garantiza los derechos del acusado (24 por ciento en 2014 versus 41 por ciento en 2019), que castiga a los culpables (22 por ciento versus 38 por ciento) y que protege al inocente (27 por ciento versus 43 por ciento respectivamente). También se observa una disminución en la proporción de población que considera que la impartición de justicia en México está corrompida (75 por ciento en 2014 versus 69 por ciento en 2019).

Percepción y actuación ante faltas cívicas

El estudio también aborda como perciben los mexicanos las faltas que comenten ciudadanos y servidores públicos. En lo que se refiere a los primeros, 57 por ciento está de acuerdo en que en ocasiones las personas se ven obligadas a cometer una infracción o falta para salir de un problema. 84% justifica que se cometa una infracción o falta si esto se debió a una urgencia, si fue accidental o si nadie resulta afectado ni dañado, entre otras razones. Únicamente 16 por ciento de los mexicanos considera que cometer una infracción o falta no estaría justificado en ninguna circunstancia. Si quien comete una infracción es un familiar, se muestra renuencia a denunciarlo, únicamente 19 por ciento lo haría.

Ahora bien, si se trata de un servidor público, 23 por ciento de los mexicanos no justifica bajo ninguna circunstancia que se haya cometido una infracción y 58% espera que se le denuncie por haberla cometido. Cuando existe un beneficio para la población, 56 por ciento de los encuestados justifica que un servidor público cometa una infracción.

En cuanto a la gravedad de que se cometan estas infracciones, 70 por ciento de los encuestados lo considera grave o muy grave. El nivel de gravedad asignado aumenta con la escolaridad; mientras que aquellos que cuentan con estudios de educación básica consideran que es grave o muy grave que las personas cometan infracciones para salir de un problema en 58 por ciento; este porcentaje aumenta a 73 por ciento entre las personas con licenciatura.

Los principales motivos que los encuestados señalan para explicar que se cometan infracciones, son la falta de educación (43 por ciento), la falta de castigo o que las autoridades no actúen (39 por ciento), el que se no se respetan las leyes (34 por ciento) y, en menor medida, por falta de alternativas (29 por ciento), por enojo (18 por ciento) o por falta de recursos (13 por ciento).

Corrupción en el país

Los mexicanos han llegado a adoptar una postura en la cual reconocen que existe una corresponsabilidad en torno a la corrupción. Para 57 por ciento la corrupción es detonada tanto por servidores públicos como por ciudadanos, 23 por ciento considera que servidores públicos la propician y 20% piensa que la población la alienta.

74% de los encuestados se muestra en desacuerdo con la oración “La corrupción es un mal necesario”, mientras que 64 por ciento también muestra desacuerdo en que “La corrupción es parte de la cultura de los mexicanos”. Esta percepción cultural sobre la corrupción cambia significativamente con el nivel educativo, ya que mientras aquellos con estudios de educación básica están 41 por ciento de acuerdo o totalmente de acuerdo con la frase “El que no transa no avanza”, el porcentaje disminuye a 24 por ciento entre aquellos que cuentan con licenciatura.

Por otra parte, ha cambiado la forma en como se percibe la oración “La corrupción forma parte de la cultura de los mexicanos” en el transcurso de los años, ya que mientras en 2014, 58 por ciento de la población se mostraba en desacuerdo con esta oración, este porcentaje ha aumentado a 64 por ciento en el año actual. En relación al estudio realizado en 2014, pareciera que la indignación y rechazo de la población hacia la corrupción ha crecido, sin embargo, se nota desánimo respecto a que la situación pueda mejorar o a que la propia ciudadanía se responsabilice de sus acciones y alcance a entender las contradicciones que expresa en torno a la cultura de la legalidad.

Finalmente, los encuestados consideran que el principal incentivo que podría motivar a la población a acatar las normas es que se cumpliera la ley (27 por ciento), que los gobernantes fueran honestos (25 por ciento) y que se fomente una cultura de la legalidad (19 por ciento).