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CIUDAD DE MÉXICO, 11 de octubre de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), llegó al extremo de una desautorización moral dictada por el Ejecutivo hacia la CNDH y su trabajo, lamentó el Ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez.
Ante ello, y luego de que algunas organizaciones y sectores sociales, privados y académicos han manifestado su intención de presentarlo como candidato para la reelección al frente de la CNDH, informó que no buscará ese cargo.
” Mucho se los agradezco y reconozco. El solo hecho de que existan esas propuestas nos distingue y constituye el mayor reconocimiento de la labor llevada a cabo, máxime que, en no pocos casos, quienes las formulan son personas y organizaciones con una larga y valiosa trayectoria en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos.
Mexicanas y mexicanos cuyo trabajo por la dignidad humana y el respeto a la institucionalidad democrática ha marcado un antes y un después en estos ámbitos.
No obstante ello, he decidido que no buscaré ni aceptaré la reelección si alguien así se lo propone al Senado”, manifestó en una carta dirigida a los medios de comunicación.
“Lo hago con plena conciencia y responsabilidad, confiado en que mi ausencia en este proceso de elección abra la puerta al diálogo y a la reflexión que permitan preservar y garantizar la autonomía e independencia de la CNDH, para que pueda seguir ejerciendo a cabalidad sus funciones.
Del mismo modo, honro la palabra que empeñé al inicio de mi gestión, cuando anuncié que no buscaría un segundo periodo como Ombudsperson. Ustedes lo deben de recordar que lo dije exactamente y lo pueden encontrar el 18 de noviembre de 2014″.
González Pérez señaló que, al final de este periodo en la historia de la CNDH muchas cosas se ven con desilusión, otras con esperanza y algunas con decepción.
“Nuestro país vive un entorno crítico de violencia, inseguridad e impunidad, en particular en algunas regiones, donde la vigencia de los derechos, la legalidad y la justicia parecieran solo expectativas ante una realidad que los desafía y cuestiona.
No obstante ello, pareciera que hay un miedo desde las estructuras de poder de incurrir en lo que creen sería una erosión de su capacidad, lo cual ha motivado que se condenen la autonomía, la independencia y el disenso, llegándose inclusive a realizar, cuestionamientos y descalificaciones infundadas contra esta Comisión Nacional, así como de muchas mexicanas y mexicanos que buscan la vigencia de sus derechos fundamentales y a quienes este Órgano Constitucional defiende cuando los ven violentados”
“El poder cierra los ojos ante los hechos que le son incómodos y les niega la existencia. Bastaría una simple revisión de las problemáticas que el país ha venido enfrentando en materia de salud; seguridad; protección de niñas, niños y adolescentes; mujeres; migrantes; indígenas; así como en lo que hace a las cuestiones ambientales, para advertir que el respeto de los derechos humanos estaría subordinado a la implementación y cumplimiento de planes y programas de gobierno, y que el legítimo ejercicio de los derechos y el reclamo de su garantía se volvería cuestionable en tanto contravenga tales planes y programas”, expresó.
“Hemos llegado al extremo de una desautorización moral dictada por el Ejecutivo hacia la CNDH y su trabajo; la negación sobre investigaciones y recomendaciones en casos graves, como si jamás se hubieran hecho.
A quien ha actuado con profundidad y compromiso se le acusa de no haber estado ahí, de mirar para otra parte. Y eso, además de no apegarse a la realidad, confunde, como si de esa manera se satisficiera el monopolio de la verdad”.
Puso de ejemplo la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, cuyo expediente —citó—, supera lo hecho por cualquier otra institución nacional o extranjera, y cuyo resultado inexplicablemente se pretende desconocer en un afán por construir realidades alternas a las verdades y razones sustentadas en los elementos objetivos de convicción que obran en el expediente.
“La Comisión Nacional no es ni ha sido contraria u opositora a los fines del Estado; su función ha sido estar vigilante, alerta y sensible ante posibles atropellos, y comprometida en la lucha contra la ilegalidad, la exclusión y la desigualdad. Más allá del desdén hacia la CNDH, es manifiesta una actitud de menosprecio y descalificación contra las instituciones y órganos constitucionales autónomos del Estado mexicano, como si la autonomía significara un obstáculo o un estorbo para cumplir los fines y alcanzar los objetivos de gobiernos y autoridades”. “
Parecerá raro en un país acostumbrado a ver cómo funcionarios y políticos olvidan sus palabras e incumplen sus compromisos. No es mi caso. Mi interés es y ha sido la defensa de los derechos humanos, así como buscar que la CNDH sea una institución del Estado al servicio de la gente, que preserve y fortalezca su papel en beneficio de México y de las y los mexicanos”, condenó.
Aseguró que la civilidad no puede ser vista como debilidad, ni el buscar el respeto a la dignidad de las personas como un agravio hacia autoridades e instituciones. “México requiere justicia y verdad.
Las y los mexicanos deben de seguir contando con la posibilidad de acudir a una instancia, independiente de gobiernos y autoridades que atienda de manera objetiva, imparcial y profesional las denuncias que hagan de los abusos de poder que sufran, para reivindicar sus derechos y reparar los daños que hayan sufrido”.