El PRI aventaja en Coahuila por 11 puntos: El Financiero

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de marzo de 2017.- Las amenazas del crimen organizado, la falta de control y protocolos de actuación del Ejército y cuerpos policiales, falta de coordinación de las autoridades —federales y locales—, y falta de precisión en la Ley del derecho de réplica, son —hoy en día— los principales riesgos para ejercer la libertad de expresión en nuestro país, advierte un estudio del Senado de la República.

“De julio de 2010 a agosto de 2016 se han integrado 798 averiguaciones previas, mismas que han decantado en 101 consignaciones ante juez (12.65 por ciento) y tan solo dos sentencias condenatorias (0.25 por ciento). Lo que significa que Estado mexicano ha enfrentado obstáculos para abatir la impunidad, (…) existiendo 98 % de casos sin sentencia; pero la impunidad de delitos cometidos contra periodistas es todavía peor: 99.75 por ciento”, revela el estudio.

El documento titulado Libertad de expresión y el origen del poder, advierte que en la actualidad se suele citar el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se reconoce la libertad de opinión y de expresión, sin embargo, la organización Artículo 19, documentó una serie de irregularidades en contra, principalmente, de periodistas.

Tan solo en el año 2015, la organización internacional documentó 227 agresiones, 99 por debajo de las 326 registradas en todo el 2014, pero aún se trata de muchas muertes violentas. Además, dicho informe proporcionó un dato aún más preocupante, la ciudad de México es la entidad federativa con mayor número de privaciones de la libertad registradas en 2015 con cinco detenciones arbitrarias a manos de policías capitalinos.

“Ya son varios años en que este gobierno viene ignorando las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto al imperativo de que las autoridades respeten la libertad de expresión y manifestación. Así pues, las entidades que más agresiones registraron en 2015 a nivel nacional fueron Veracruz y la ciudad de México, con 67 cada una; Guerrero con 56, Puebla con 38 y Oaxaca con 36”, resalta.

La investigación realizada por Gerardo Cruz Reyes pone énfasis en que las administración del gobierno de Miguel Ángel Mancera,  “viene ignorando las recomendaciones de la CNDH respecto al imperativo de que las autoridades respeten la libertad de expresión y manifestación”.

A esta atmósfera se añaden elementos que las mismas casas editoriales imponen de manera negativa a los comunicadores, como el hecho de impedir que sus empleados gocen de las garantías básicas laborales concebidas en el marco legal vigente en territorio nacional.

Tales derechos básicos como cobertura médica, prima dominical, horas extra, vacaciones, aguinaldo, pago de viáticos, vivienda, transporte, recreación, entre otras más, en el entendido de que es un oficio de alto riesgo y con alto grado de exposición al estrés.

El documento se distribuyó a los cinco coordinadores parlamentarios del Senado de la República, así como el presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero, a fin de armonizar el marco jurídico vigente para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión en México.