Poder y dinero
No hay duda en que es elogiable la iniciativa gubernamental de asegurar que debido a la emergencia más de 30 millones de estudiantes, en su mayoría niños y adolescentes, sigan sus cursos por televisión.
La pandemia ha incorporado a la crisis sanitaria y económica el inminente riesgo de contagio entre los niños con sus secuelas de cierre de las escuelas, rebrote de la enfermedad en la mayoría de los hogares y una nueva suspensión de actividades productivas cuyas consecuencias agravarían la catástrofe nacional.
En la educación superior la UNAM salió al paso a la emergencia médica y a pesar de una serie de movilizaciones que, semanas antes del confinamiento, cerraron las instalaciones en varias de sus facultades en protesta por la violencia de género y la inseguridad prevalecientes en el país, por lo que los mismos estudiantes plantearon la alternativa de continuar las clases vía Internet sin desatender la solidaridad con los grupos paristas.
La mayor parte de las instituciones públicas y privadas siguieron el ejemplo para concluir con el ciclo escolar. Algunas primarias y secundarias se sumaron a las “clases en línea”.
El modelo resultó positivo especialmente en las grandes ciudades, pero también mostró las profundas desigualdades entre la sociedad mexicana y en las distintas regiones del país.
Se confirmó lo que el INEGI había advertido: más de 16 millones de hogares no están conectados y 57 por ciento no tienen computadora, lo que expone la profundidad de la brecha digital que impide a millones acceder o continuar sus estudios. Por ello, muchos estudiantes especialmente en educación superior en todo el país solicitaron permiso para regresar cuando las clases fueran presenciales, lo que añadió presión futura a la ya magra competitividad nacional.
El problema abarcó a todos los grados educativos, incluidas las guarderías y fue que surgieron prácticas pedagógicas como soluciones de emergencia. Aprovechando el confinamiento se pidió la participación de madres y padres de familia para atender problemas de orden académico.
Con base en esa experiencia, las autoridades asumieron que en sus casi dos años de gobierno no se avanzó en el compromiso de brindar “Internet para todos”; aun con esa falla, la estadística mostró que el 96 por ciento de los hogares del país reciben la señal de televisión digital a partir de un aparato digital, señal de paga o decodificador.
A partir de ese dato el gobierno federal encontró la paliar su responsabilidad constitucional de brindar educación para toda la población y sin excepciones. Para ello estableció un convenio con cuatro oligopolios de la televisión privada del país (Televisa, Tv Azteca, Grupo Multimedios y Grupo Imagen) que retransmitirán vía digital los contenidos escolares, que elaborará la Secretaría de Educación Pública con apoyo técnico de la televisión pública.
El marco legal de la radiodifusión mexicana no requería de un convenio de ese tipo con los concesionarios del espacio mexicano, que eventualmente recibirán algún tipo de contraprestación seguramente económica y política por parte del Estado mexicano por distribuir los cursos para los diferentes grados, sin que se conozcan -por ahora- como se cumplirán los compromisos educativos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 o ¿eso se les delegará a las televisoras?
Por cierto, el PND de la Cuarta Transformación se comprometió a resolver las graves deficiencias de la educación primaria y secundaria en tres dimensiones fundamentales: acceso, cobertura y calidad.
En el marco de la crisis de la COVID-19 y de la educación televisada, no se ve cómo se podrá resolver el proceso de transición escuela-trabajo en la educación media superior, en donde también sobresale la baja calidad de la educación en general, la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y el ingreso al mercado laboral.
En aras de la continuidad indispensable para el desarrollo, tampoco se observa cómo se construirán áreas de oportunidad en los materiales, métodos educativos, planes y programas, o en la actual falta de reconocimiento de la función magisterial en el ámbito televisivo y de un sistema integral de formación, capacitación y actualización del personal docente para cuando se llegue a una nueva etapa funcional.
Ya no digamos de los estímulos prometidos que reconozcan el desempeño profesional de docentes, directivos y supervisores en su función.
Eso, sin considerar que será difícil trasladar la escuela al espacio privado de los hogares o si las madres y padres de familia podrán atender la necesaria generación de ingresos con la asesoría educativa de sus hijos, entre otros problemas que la educación por televisión no puede resolver como sucede en los capítulos de “La rosa de Guadalupe”.
La educación es cosa seria. Exige un plan estratégico metodológicamente adecuado, no solo al problema de la actual coyuntura sino del futuro, con líneas de acción sin improvisaciones, con instrumentos de seguimiento y con rendición de resultados.
@lusacevedop