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MORELIA, Mich., 3 de noviembre de 2020.- El informe 2020 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), reveló que sigue siendo nocivo y peligroso el ambiente de trabajo para los periodistas en el mundo, pero particularmente en América Latina y el Caribe.
En rueda de prensa virtual, con motivo del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra Periodistas, se explicó que en la última década acontecieron 900 homicidios de estos profesionales. En todo el mundo, en promedio un periodista ha sido asesinado cada 4 días.
En México, 93 periodistas han muerto de forma violenta y persiste una tasa de impunidad de hasta el 85 por ciento, es decir, sólo 14 casos de los 93 fueron resueltos, muchos de estos fuera de situación de conflicto, pero sí mientras investigan corrupción, trata de personas y diversos delitos políticos.
Y si bien se ha logrado abatir la impunidad en el 2020, al pasar de 12 años de 13 por ciento con relación al año pasado y 2018, es también cierto que uno de cada 10 quedan en la impunidad, mensaje que no favorece a la democracia y derecho de las personas a estar informados, puntualizó la comisionada Nacional, Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Frédérich Vacheron, representante de la Unesco en México, hizo un llamado a las autoridades nacionales a garantizar condiciones para el ejercicio del Periodismo, no sólo en el ámbito laboral, en sus empresas, también para hacer investigación que contribuya al fortalecimiento de la democracia.
“Hoy, el altar de la Unesco es recordatorio a las y los presos mexicanos que fueron asesinados por el ejercicio de su profesión. Este 2020 quisiera referirme a reporteros de Veracruz, Sonora y Guerrero… Según el informe 2020, uno de cada 10 crímenes permanece impune.
Cuando existe la impunidad se envía un mensaje extremadamente negativo. O sea que contar las verdades embarazosas o expresar opiniones indeseadas, podrían afectar a la gente en común”, puntualizó.
Porque al existir tal grado de impunidad y agresión a la libertad de expresión en contra de ciudadanos comunes y periodistas, se ataca el aparato judicial, cuyo deber es proteger a los ciudadanos y sus derechos.