Avances contra la corrupción
TLAXCALA, Tlax., 15 de noviembre de 2020.- Le sigue sin salir el asunto y el Presidente, a la mitad de noviembre del 2020 se encuentra en el momento más crítico de su administración: inmerso en una emergencia sanitaria sin que se obtengan datos que permitan pensar que el asunto está bajo control, sino al contrario; con los peores números económicos en la historia del país, con un Tabasco, Veracruz y Chiapas que suman casi 400 mil damnificados por las lluvias, el titular del poder ejecutivo lanza otra bofetada al sector privado, nacional y foráneo.
Su iniciativa para “regular” la modalidad de contratación del Outsourcing (subcontratación a partir de ahora) prácticamente impide que, de autorizarse, se ejerza en México una forma de contratación que no se inventó en México, que desarrollan decenas de países y que son práctica común en las empresas de alcance global.
Subcontratar significa, para quien no esté familiarizado con el tema, que una empresa, en lugar de contratar directo a parte de su personal, recurre a una tercera empresa para que le provea el servicio.
Ejemplos más claros pudieran ser el que un banco contrate el servicio de limpieza o de seguridad a empresas especializadas en estas funciones. También asuntos de administración o contables son frecuentemente subcontratados.
La estrategia de subcontratación data en el mundo de la década de los años setenta y se popularizó en los años noventa sobre todo entre firmas tecnológicas que contrataron servicios incluso fuera de las fronteras en las que trabajaban regularmente. Recuerde los grandes centros de atención telefónica que nacieron en la India o en algunas poblaciones de Estados Unidos.
La alternativa de contratación ha dado a lugar a abusos, es menester reconocerlo. En México, dice la prestigiada firma Staffing Industry Analyst existen alrededor de 900 empresas que ofrecen el servicio de subcontratación de las cuales solo 337 estarían registradas ante la autoridad laboral federal y escasamente 100 ante el IMSS. Habría alrededor de 40 empresas que cumplen cabalmente con su cometido y responsabilidades laborales y fiscales.
El gobierno las tiene bien fiscalizadas. Sabe quiénes son y dónde están. Incluso a un grupo de cerca de 50 les acaban de congelar las cuentas bancarias.
El IMSS asegura que las factureras fraudulentas le deben más de 21 mil millones de pesos con lo que pudiera darle viabilidad a 14 hospitales de segundo nivel y 210 clínicas de atención primera. La legisladora Mónica Fernández Balboa con información que calificó como oficial hizo referencia a una evasión de impuestos superior a los 500 mil millones de pesos.
Todo lo anterior, debemos de suponer, son cifras correctas. La propia secretaria del Trabajo reconoció que en el país funcionan empresas de subcontratación buenas y malas como existe colesterol bueno y malo.
Para el Gobierno Federal lo malo se acaba aniquilando la modalidad en lugar de ejercer la ley y meter en orden a los abusivos.
Vale la pena señalar que las empresas serias vinculadas con esta modalidad de contratación han realizado propuestas concretas para crear una Norma Mexicana para la contratación, de concurso voluntario, que trabajaría de la mano con la autoridad federal, fiscal y del IMSS para evitar elusiones o evasiones de impuestos o de responsabilidad social con los trabajadores subcontratados.
Existe desde el sexenio anterior una propuesta para crear una Norma Oficial Mexicana (NOM) en la materia que fuera obligatoria para todas las empresas relacionadas con la subcontratación. Parafraseando a la secretaria Luisa María Alcalde: “el colesterol bueno propone reglas estrictas para evitar fraudes y evasiones o elusiones de responsabilidades laborales o fiscales” que realizan los defraudadores, pero al gobierno le parece más prudente que en este momento se cancele la alternativa de contratación antes de impulsar la iniciativa de NOM oficial y obligatoria y poner en orden las cosas.
El asunto pudiera no ser de extrema gravedad si no fuera porque por la emergencia de salud perdimos entre marzo, abril y mayo 12.5 millones de trabajos de los cuales si acaso hemos sido capaz de recuperar, según parece, siete millones sin que la recuperación absoluta se vea posible en este año o en el siguiente.
Serían momentos, parece indicar la inteligencia, para fomentar políticas públicas que ofrezcan beneficios o estímulos a la creación de empleo permanente y temporal legalmente registrado ante las autoridades correspondientes.
Políticas que permitan creación de más empleo lo más sencillo y ágil posible y no de ponerle trabas a la creación de trabajo.
Datos oficiales afirman que estarían bajo régimen de subcontratación 4.5 millones de trabajadores formales aunque la ambigüedad de las cifras también permiten considerar el que el 21 por ciento de la fuerza laboral formal tiene ese régimen de contratación.
Es un recurso usado comúnmente, útil en todo el mundo, socorrido por las grandes empresas, bancos, multinacionales, empresas de servicio grandes, medianas y pequeñas. Según datos de la CNBV en el área de servicios financieros a noviembre del 2019 existían 255 mil 984 trabajadores de los cuales 125 mil 437 estaban bajo modalidades de subcontratación. El 49 por ciento.
La bofetada a la iniciativa privada existe desde el momento en que desde el año pasado se realizaron prácticas de parlamento abierto en el que participaron especialistas, académicos, sindicatos, partidos políticos, empresas participantes en la industria o vinculadas al ejercicio de subcontratar y entre todas se llegaron a consensos que sugieren la conveniencia de cerrar las puertas a las malas prácticas y regular la modalidad mucho antes de caer en la tentación de cancelarla.
Además de todo, según recuerdo, como síntesis de aquellos trabajos se estructuró el compromiso de no elaborar ninguna iniciativa más al respecto hasta no tener un diálogo con las partes involucradas, cosa que hoy los organismos privados recuerdan… y reclaman.
De la modalidad de subcontratación dependen hoy 4.5 millones de empleo al menos y el asunto ahora no recomienda poner en riesgo lo que se tiene aunque el Presidente de México crea que la mejor estrategia para que una persona obsesa soluciones su problema de exceso de peso sea amputarse las piernas.