Seguridad y Defensa

EE. UU.-México: de la Secretaría
de Estado al Pentágono

De las revisiones históricas más demoledoras sobre las entrañas del sistema de toma de decisiones militaristas de la Casa Blanca, sin duda que la película Path of war, del director John Frankenheimer, es la más reveladora: ni los presidentes, ni los mandos militares, ni la comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional de EE. UU. saben gran cosa. El uso político y militar de la guerra, como se vio en Vietnam y después en Irak, se basa en la lluvia de bombas.

Este dato debe ilustrar la aprobación del Senado de EE. UU. para que el general recién retirado Lloyd Austin sea el secretario de Defensa de la Casa Blanca de Biden. Con una baraja amplia más diversa, inclusive con una mujer como posibilidad, Biden optó por un militar.

Los primeros mensajes del nuevo jefe militar del gobierno estadunidense fueron dos: reconstruir la OTAN y colocar a los militares estadunidenses en la primera línea de combate en seguridad bilateral.
Uno de los primeros actos del nuevo secretario ya confirmado por el Senado fue hablar con los secretarios mexicanos de Defensa Nacional y Marina-Armada.

El dato no es menor: Las fuerzas armadas mexicanas habían enfriado las relaciones con las estadunidenses por el arresto agresivo y sin evidencias judiciales del exsecretario de la Defensa Nacional del gobierno de Peña Nieto. Y aunque un mes después el Departamento de Justicia retiró la acusación, de todos modos la agresión nada diplomática suspendió las relaciones al final del gobierno de Trump.

Si se confirma el interés prioritario del general Austin sobre los temas de seguridad fronteriza por razones de crimen organizado –no por causas de guerra militar–, entonces el gobierno de Biden no sólo habría militarizado el Pentágono en su mando superior, sino que habría enviado la señal de que la agenda de seguridad por crimen organizado pasaría de la DEA al Departamento de Defensa, un acto de militarización del narcotráfico.

El movimiento estratégico de la agenda EE. UU.-México en seguridad al Pentágono podría ser un efecto del incidente Cienfuegos. México autorizó la participación de militares a combate al crimen organizado en el enfoque constitucional de seguridad interior. Ahora parece que Washington coincide al permitir que el Pentágono refuerce –más bien: reconstruya– las relaciones de seguridad con México en el tema de relaciones entre los ejércitos.

La decisión del presidente Biden de designar a un general recién retirado y experto en lucha contra el terrorismo islámico como jefe político y estratégico de la política de Defensa forma parte de las características de EE. UU. como un Estado de seguridad nacional. Es decir, que el modelo económico capitalista estadunidense está sostenido por el dominio hegemónico militar del Pentágono y la Casa Blanca.

La política capitalista-militar de la Casa Blanca viene de tres decisiones estrategias: la conferencia económica en el balneario de Bretton Woods, en New Hampshire en julio de 1944, las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 para definir el poder nuclear de Washington y la guerra de Corea en 1950 para marcar la lucha militar-ideológica entre el capitalismo y el comunismo. El modelo estadunidense de Estado de seguridad nacional –concepto de Gore Vidal de 1988– se fijó en 1947 con el acta de seguridad nacional que le dio al gobierno estadunidense todos los poderes para defender e imponer su modelo económico en el mundo.

La designación de un militar antiterrorista islámico como jefe político del Pentágono y el apoyo del senado bipartidista para su aprobación fue la principal señal para identificar e interpretar la propuesta de gobierno del presidente Biden, después de que el presidente Trump alejó a los EE. UU. de la militarización de la política exterior y por lo tanto de militarizar las relaciones con Corea del Norte, Rusia, China, Irán y Venezuela. Ahora vienen tiempos de uso de la fuerza militar y no la diplomacia en las relaciones exteriores de la Casa Blanca.

Ley de la Omertá