![](https://tlaxcala.quadratin.com.mx/www/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-17-at-3.04.03-PM-scaled-107x70.jpeg)
Alista Cultura manual de cuidados para Murales de Palacio de Gobierno
TLAXCALA, Tlax., 2 de diciembre de 2016.- A más de nueve años que el Gobierno Federal lanzara su estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado, la crisis de asesinatos, desapariciones y tortura continúa, alimentado tanto por el crimen organizado como por la respuesta de mano dura por parte del estado mexicano.
En el encuentro que se llevó a cabo en la residencia universitaria, la ponente informó sobre los hechos que apuntan que tanto las fuerzas federales como los miembros de por lo menos un cártel delictivo, los zetas, han cometido crímenes en pos de políticas de estado o de su organización respectivamente, al tiempo que perpetraban ataques a la población civil de forma generalizada o sistemática. Por lo tanto dijo, “ existen bases para sostener que actores estatales y no estatales por igual, han cometido crímenes de lesa humanidad en México”.
El costo humano de estos criminales aseveró, es inmesurable, ya que cientos de miles de vidas se han extinguido. A pesar del descubrimiento de fosas comunes, las madres y los padres de los desaparecidos se aferran a la esperanza de que sus hijos entren un día por la puerta de sus casa, miles más, siguió viven con el trauma de las golpizas, la violencia sexual y otras formas de tortura perpetrada contra ellos, incluso, por policías quienes utilizan estas prácticas como métodos de investigación.
Para todo esto, a la fecha no se han fincado responsabilidades. Los asesinatos dolosos reportados entre 2007 y 2012, superan en más de cinco a uno las sentencias judiciales por homicidio.
Como propuesta, la experta sostuvo que el congreso de la unión se encuentra a punto de adoptar leyes generales sobre la tortura y la desaparición forzada, que finalmente sustituirán al mosaico de definiciones legales discordantes a nivel federal y estatal.
Existen, agregó otras reformas propuestas que pueden contribuir a la mejora del sistema, entre ella, la transición de la PGR a una Fiscalía con mayor autonomía a partir de 2018, y nuevos protocolos de investigación para la tortura y las desapariciones.