De norte a sur
Es comprensible que Morena esté poniendo toda la carne al asador para que la Consulta de Revocación de Mandato sea “un éxito” a los ojos del Presidente. Por eso votaron con sus aliados el decreto para permitir que los funcionarios públicos la promuevan.
Esto representa un retroceso democrático que desconoce la lucha que desde hace décadas la entonces oposición dio para que el gobierno y el Presidente sacaran las manos de los procesos electorales como hizo el PRI para mantenerse en el poder. Es una pena que esta vuelta atrás venga de la autodenominada izquierda, ni la derecha se permitió una regresión de este calibre.
Sin duda el prolongado debate sobre la pertinencia, utilidad y legitimidad de este ejercicio ha permeado en la sociedad mexicana y según las mediciones de apenas hace un mes de Consulta Mitofsky el 84 por ciento de los pro AMLO está de acuerdo con su realización mientras que 53 por ciento de quienes desaprueban su gestión está en contra de que se lleve acabo.
Pero sin duda hay un largo trecho entre aprobar y participar. De ello dan cuenta los resultados de la consulta del año pasado para juzgar a los ex presidentes, pues quienes acudieron a las urnas fueron apenas un 8 por ciento del padrón electoral que representaron unos siete millones de votos, frente a los 37.5 necesarios para hacerla vinculante.
Por eso urge a Morena contar con todas las herramientas para lograr una gran participación el próximo 10 de marzo y en ese marco se encuentra el reciente decreto aprobado en la Cámara de Diputados para que los funcionarios públicos puedan promover la Consulta, lo cual prohíbe la legislación electoral, bajo el argumento de que se excede en las limitaciones impuestas a éstos.
Se impuso la mayoría de Morena y sus aliados, como resultado de un vicio de origen en esta Consulta (que dicho sea de paso como mecanismo resulta una buena herramienta) pues desde su convocatoria su espíritu fue desvirtuado ya que estaba destinada como un recurso de la sociedad ante un generalizado rechazo al gobierno.
Pero, y ahí está el pero, la Consulta de Revocación ha sido convocada por el Presidente y su partido en una suerte de ejercicio de movilización previo a las elecciones de este año o de ratificación de popularidad que para el caso vienen siendo lo mismo. Es de esta manera en que le fue secuestrada la Consulta a la sociedad y también en la pasada golpear al INE.
Y otro ejemplo de ello es que con este decreto de la Cámara de Diputados termina de desciudadanizarse el ejercicio que ya había contaminado Morena, a través de organizaciones subsidiarias, al recolectar las firmas para que se convocara y que era claramente un mandato presidencial. Esto convierte ya sin duda a la Consulta en un operativo de gobierno más que en una expresión de democracia participativa.
Aunque se puede dar otras lecturas más a este decreto que le permite a los funcionarios públicos promover la Consulta, pues de entrada blinda al Presidente López Obrador que una vez y otra también, violando la ley, ha hecho llamados a participar en la Consulta.
Pero por otra parte se ve como un esfuerzo desesperado para lanzar a toda la estructura del gobierno morenista a lograr que sus bases vayan a las urnas y tener una buena participación, aunque se ve muy cuesta arriba que lleguen al objetivo que acuda el 40 por ciento del padrón como establece la ley para hacer el ejercicio vinculante.
En fin, que es un retroceso democrático que en su urgencia por darle buenos resultados al Presidente en la Consulta Morena y sus aliados no tengan empacho en desmontar el sistema democrático que tanto trabajo costó construir.