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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de julio de 2017.- Diferentes grupos de activismo social, emitieron un mensaje en conjunto con la finalidad de seguir construyendo un país de leyes e instituciones y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Al menos 57 asociaciones civiles se expresaron, en voz del actor y productor de cine Diego Luna, para evitar que la corrupción y la impunidad continúen minando el desarrollo económico, político y social del país.
Con el mensaje #VamosPorMás, la mañana de este lunes, las organizaciones no gubernamentales hicieron hincapié en el poder de la sociedad civil para marcar la diferencia como ocurrió en la Ley 3 de 3.
“Somos los ciudadanos, mexicanas y mexicanos del sector público, privado y social, los que tenemos que construir las bases de un verdadero Estado de derecho como piso firme del desarrollo nacional. Debemos tomar control sobre la realidad que se nos está yendo de las manos”, leyó Luna en el mensaje.
“El andamiaje legal del Sistema Nacional Anticorrupción es apenas el primer paso en la construcción de ese piso firme. Ahora tenemos que perseverar su cabal construcción e implementación”, recalcó.
Si bien, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción se está conformando, a la par también está despertando resistencias dentro de los sectores del poder gubernamental, por lo que las organizaciones civiles resaltaron la necesidad de exigir al Gobierno Federal, al Congreso de la Unión, a los gobernadores y las legislaturas locales atender las propuestas de la sociedad.
“Organizaciones ciudadanas, académicas y empresariales confirmamos hoy que #VamosPorMás. Sabemos que necesitamos fortalecer al naciente Sistema Nacional Anticorrupción”, puntualizó.
En el mensaje, se detallaron varios puntos que solicitan a las autoridades considerar, como tener apertura para una discusión a fondo y una reforma constitucional y legal que resulte en una Fiscalía General no solo sea autónoma e independiente, sino eficaz y con los controles democráticos adecuados.
Además, de que los nombramientos sean apegados a mejores prácticas de quienes han de operar los sistemas anticorrupción a nivel federal y locales; y así como la garantía de recursos suficientes que aseguren la independencia y funcionamiento de los Comités de Participación Ciudadana, el SNA y los sistemas locales anticorrupción.