La venta de pájaros un oficio en extinción en las calles de Tlaxcala
TLAXCALA, Tlax., 29 de diciembre de 2022.- El representante en Tlaxcala del Clúster Automotriz Zona Centro (Clauz), Marcos del Rosario Haget, consideró que es importante que el Gobierno Federal prohíba la entrada de vehículos usados de procedencia extranjera a territorio mexicano.
En entrevista con Quadratín, alertó que dichos vehículos son un foco de inseguridad para la ciudadanía, pues señaló que pueden ser usados para la comisión de delitos, pese a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que con su regularización tal problemática prevalezca.
“Lo que debería hacer el gobierno antes de regularizar carros, es evitar la entrada de vehículos no oficiales; eso es lo que debemos hacer en este país, reforzar las fronteras, que ningún carro fabricado fuera de este país entre; eso es por lo que debemos preocuparnos como mexicanos, como industria y como clúster, porque esos carros se pueden usar para cometer miles de ilícitos porque no tienen registros”, declaró.
Por otra parte, aseguró que para la industria automotriz de Tlaxcala no representa una competencia desleal que en la entidad se permita la entrada de vehículos chocolate, toda vez que la mayoría de la ciudadanía reconoce que, al ingresar al país, esos automóviles están condenados a convertirse en chatarra por la falta de refacciones.
En ese sentido, señaló que es importante que se legisle en la materia a fin de que no se permita la entrada de estos vehículos, ya que también muchos de los autos extranjeros son adquiridos a bajo costo ya que en su país de origen fueron declarados como nocivos para el medio ambiente.
“Yo espero que la ley se refuerce en ese aspecto y los carros que no estén cumpliendo con las cosas, los paren, los regresen o en su caso los destruyan”, expresó.
En la conferencia matutina presidencial de este jueves 29 de diciembre, se informó que lo que va del año se han regularizado un millón 47 mil automóviles usados de procedencia extranjera en 14 entidades de la República, cuya regularización ha permitido un ingreso a las arcas públicas de 2 mil 600 millones de pesos.