Seguridad y defensa/Carlos Ramírez

Seguridad detrás del espejo en el mismo lugar

En el segundo libro sobre Alicia y sus aventuras, el escritor Lewis Carroll atravesó el espejo para mostrar una realidad diferente a la realidad y ahí estableció una argumentación que hasta la fecha tiene referentes en la realidad: la vinculación entre velocidad y cambios.

La reina roja arrastra Alicia y la hace correr cada vez a mayor velocidad, pero Alicia se percata de que permanece en el mismo lugar. Le pregunta a la reina roja cómo es que eso puede ocurrir cuando en el país de Alicia se corre rápido para llegar a otra parte. La reina roja dice:

–¡Un país bastante lento! Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto una pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte hay que correr por lo menos dos veces más rápido.

Esta metáfora de Carroll se puede aplicar a lo que ocurre en México con la seguridad pública: las cifras de los cuatro primeros años de gobierno hablan de índices de inseguridad y violencia ligeramente abajo de sexenios anteriores, aunque con decisiones e inversiones mucho mayores, lo cual llevaría aplicar el método Carroll: caminar muy deprisa en seguridad para permanecer en el mismo lugar, con el desafío de duplicar la velocidad si se quiere llegar a otra parte.

En estos cuatro años de gobierno, la administración federal ha invertido presupuestos, asignado personal de las Fuerzas Armadas a labores de seguridad pública y fundado y financiado una Guardia Nacional de 125,000 efectivos, para que en la realidad el impacto sea prácticamente nulo: apenas el 10% de disminución de la violencia homicida, dejando inclusive el indicio de que el total de los homicidios dolosos en el sexenio actual será muy superior al de los gobiernos anteriores.

El corte de caja sobre la seguridad pública tiene el referente de que el problema no es de inversiones o de personal, sino de la estrategia respecto de las bandas del crimen organizado: la actual administración federal ha ordenado el repliegue de operativos de persecución de bandas criminales, apelando al criterio de que los grupos delictivos debieran de tomar la decisión de disminuir por sí mismos sus acciones de inseguridad sin necesidad de la coerción o la persecución pública, en aras de una supuesta corresponsabilidad entre autoridad y delincuentes para el establecimiento de lo que se conoce como una pax narca.

En los últimos dos años, la nueva estructura de seguridad eludió enfrentamientos y persecuciones contra las bandas delictivas, inclusive en situaciones de agresión en su contra, con el propósito fundamental de salirse de la lógica de la agresión-respuesta que había hecho escalar los ambientes de inseguridad y violencia más allá de la capacidad de control gubernamental.

El modelo de la pax narca de gobernanza criminal exigía una toma de conciencia por parte del crimen organizado de que habría condiciones de operar delitos que no llevaran a la violencia en las calles, aunque siempre se criticó el hecho de que todo delito implica un acto de violencia contra el ciudadano y por tanto capacidad de respuesta institucional que a su vez escalaría la violencia delictiva.

La respuesta delictiva contra la estrategia gubernamental nunca entendió las razones de la gobernanza criminal englobada en el concepto popular de “abrazos, no balazos”, sobre todo porque los grupos delictivos no fueron los que solicitaron espacios para operar, sino que ya habían capturado espacios territoriales de la soberanía del Estado sin necesidad de la aprobación de las altas autoridades gubernamentales.

A ello se agregó el defecto de toda decisión gubernamental no pactada con claridad: la falta de compromisos suscritos de manera formal para garantizar espacios de actividad delictiva en contra de la sociedad, a cambio de disminuir la disputa territorial entre bandas criminales por el dominio de líneas delictivas. Es decir, la estrategia de “abrazos, no balazos” nunca llegó a plantearse como línea de negociación entre autoridades y delincuentes por las razones obvias de que hubiera implicado una aceptación oficial de la incompetencia gubernamental para luchar contra la inseguridad y la violencia.

En estos cuatro años de gobierno, las autoridades tuvieron que correr cada vez más rápido para intentar mantenerse en el mismo lugar y tendría que duplicar la velocidad del avance para lograr un pequeñas ventajas en la disminución de la tendencia de los delitos.

Lo más grave de esta estrategia en modelo Carroll ha radicado en la imposibilidad de obtener abrazos por parte del crimen organizado en tanto que las diferentes bandas luchan por el control exclusivo de territorios criminales y por tanto tienen que usar la violencia contra el Estado y contra los ciudadanos.

Las cifras oficiales del cierre de seguridad de 2022 no son compatibles con todo el esfuerzo de personal y presupuesto que se destinó para legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y para formalizar la operatividad de la Guardia Nacional con personal y cuarteles suficientes en toda la República.

Para llegar a compromisos criminales de rechazo a la violencia es necesaria la legalización de actividades delictivas, algo simplemente absurdo porque no se puede autorizar a los criminales a realizar delitos sin dañar a competidores o sin afectar a los ciudadanos en contra de los cuales los delincuentes buscan una transferencia de riqueza a través de la violencia.

Los modelos de pactos criminales no pueden ser generalizados ni deben realizarse entre autoridades y delincuentes porque implicaría la legalización de los actos delictivos en detrimento de la sociedad. La función primordial del Estado radica en garantizar la seguridad de los ciudadanos persiguiendo los delitos y a los delincuentes con el uso de las leyes; es decir, ni abrazos ni balazos, sino la recuperación de la tranquilidad con el ejercicio del poder coercitivo del Estado para perseguir y castigar a los delincuentes.