Libros de ayer y hoy
Otro del PRI, cero de Morena
A Emilio Lozoya se le viene el mundo encima y si es culpable no hay la menor duda de que va a ser procesado y castigado.
Él ha negado los cargos y hasta donde sé ya declaró hace algunos meses ante la PGR por el caso Odebrecht.
Pero si resulta involucrado en los sobornos que la constructora brasileña prodigó por cuatro continentes, por supuesto que va a pagar las consecuencias como han pagado una docena de gobernadores del PRI y dos del PAN.
Lo que indigesta es que ningún político de Morena haya sido citado por la Procuraduría General de la República, a pesar de tratarse de delincuentes confesos, lavadores de dinero y socios del narcotráfico.
¿De qué fueros goza ese partido?
La señora Delfina Gómez cometió peculado, pues le descontó, por nómina, cuotas a los empleados del municipio que encabezaba para entregárselos a su asociación política.
Ahí están los oficios firmados por ella para que se les descuente a los burócratas de Texcoco.
Y los fondos iban a dar a la cuenta de la subdirectora de Recursos Humanos, Victoria Anaya Campos, que en la campaña del Estado de México fue la coordinadora de giras de la candidata de Morena, Delfina Gómez.
Setenta quincenas de los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco se embolsó, de manera ilegal, la asociación política que encabezaba Higinio Martínez –ahora alcalde, también por Morena- y fueron a dar la campaña morenista a través de la cuenta de la subdirectora de Recursos Humanos y luego coordinadora de giras la candidata.
Ante las evidencias de los descuentos por oficio firmados por ella, Delfina Gómez se defendió diciendo que los empleados de forma voluntaria habían aceptado hacer esas aportaciones.
Falso, no hubo tal aceptación voluntaria, pues nunca pudieron presentar la carta de los empleados donde asentaban que estaban de acuerdo con el descuento.
Y aunque hubiese sido así. La presidencia municipal no tiene derecho a desviar parte del sueldo de sus trabajadores para una asociación política. Es ilegal. Es delito.
Bonita Procuraduría es la que sólo investiga y sanciona las faltas de los militantes de un partido, o dos, y deja impunes a los de un tercero, Morena, porque le tiene miedo o busca quedar bien con su dirigente.
Los elementos para procesar a Delfina Gómez están a la vista, los documentos con la orden para realizar los descuentos ilegales se encuentran firmados por ella, quien está confesa de haber cometido ese desvío de recursos.
¿Por qué no ha sido citada? ¿Por qué no se le aplica la ley?
Resulta que la señora Delfina no ha sido molestada por la PGR, sino que recorre el Estado de México en una gira de agradecimiento por el voto, que es campaña anticipada –e ilegal- para su próxima candidatura al Senado.
Está muy bien que a ex gobernadores priistas acusados de desvío de recursos durante su mandato la PGR los investigue y persiga en el país donde se encuentren.
Muy bien que se investigue a Emilio Lozoya por una acusación de un delincuente brasileño, y de resultar culpable que se le castigue.
Pero es inadmisible que si un político o política tiene la protección de las siglas de Morena, se le deje transitar con sus delitos sin siquiera una averiguación previa.
Y no es sólo el caso de Delfina Gómez, sino que ahí están el delegado en Tláhuac y su connivencia con grupos criminales y aportantes de campaña que obtuvieron contratos millonarios de la delegación. O el diputado federal con yates, terrenos, departamentos de lujo y empresas fachada del cártel de los Amezcua. O el nuevo alcalde de Texcoco, también en peculado comprobado en favor de su partido.
Con ellos no hay problema: son de Morena.