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CIUDAD DE MÉXICO, 13 de septiembre de 2017.- En medio de las críticas, se acelera el apoyo a las víctimas del sismo por la necesidad urgente de resolver cuestiones vitales. Se les ve presurosos, afiebrados, caminando entre escombros – algunos de ellos presidenciables-, como aquellos que regresan al lugar del crimen.
Pero no es el cargo de conciencia ni la culpa que se asume; es la próxima campaña por la presidencia del país.
Ante la responsabilidad estatal, social y personal vistos los resultados trágicos y destructivos del sismo del 7 de septiembre ¿quién se responsabilizará de la muerte de alrededor de cien ciudadanos y la destrucción de más de 50 mil viviendas y edificios con todos los bienes integrados?, ¿quién investigará la mano criminal que puso todos los elementos para que la gente muriera atrapada y las casas destruidas?, ¿quién responderá por el impacto sicológico, las heridas, el dolor profundo y el desamparo de los miles de damnificados y sobrevivientes?
¿Recuerdan por causalidad que alguien fincara culpas en el temblor de 1985 y que exigiera proceso a los culpables e indemnización a los miles de dolientes de las víctimas?
Según las cuentas censales que está haciendo ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a cuyo frente está la cuestionada Rosario Robles, terminaremos siendo nosotros los que pagaremos el resultado del desastre y los verdaderos culpables, los que sometieron a centenares de comunidades a la miseria y jamás hicieron nada para componer sus viviendas y vigilar la eficacia de las mismas quedarán libres; simplemente se tomará dinero público para cubrir las omisiones, saqueos e ineficacias que ellos cometieron.
Por lo que se ve de parte del gobierno para subsanar el desastre, los saqueadores del erario, los Sabines, los Velasco, los Ruiz, los Murat, los Cué, etcétera, que dejaron deudas estratosféricas, no serán esculcados.
Una verdadera justicia sería investigar el monto de sus saqueos e ineficacia, los tiempos en que resultaron más agraviadas las comunidades casi todas indígenas y el apoyo que presuntamente prestaron. Si se descubre culpabilidad deben de pagar lo que ahora se está invirtiendo. Deben de ir a la cárcel.
Los estragos del temblor – aunados a los de los huracanes-, pueden atribuirse a los elementos naturales. Pero el descargo es muy convenenciero si se omite todo lo que ha hecho la mano del hombre para alterar a la naturaleza. Y lo más grave, además, de esa culpa profunda, es la voluntad falaz, vigente y discriminatoria de como los poderes segregaron la riqueza, se la apropiaron y le dieron migajas a la población.
La gran afectación que sufrieron centenares de comunidades -en Ixtaltepec se habla de 80 por ciento de las viviendas, en Chiapas 40 mil- sobre todo de zonas indígenas en Chiapas y Oaxaca, es responsabilidad en buena parte de los gobiernos que han tenido a su cargo el poder en estas décadas y esas regiones, incluido un gobierno federal complaciente y siempre cómplice de los locales.
En Chiapas, gobernado por Manuel Velasco, se está pidiendo juicio político contra él por saqueo “indiscriminado”.
Su gobierno fue el premio para el Partido Verde Ecologista de México por haber participado en las raterías electorales que favorecieron al PRI. En la misma situación está el anterior gobernador Juan Sabines Guerrero y anda muy campante.
En Oaxaca, Ulises Ruiz, a quien se acusa de un saqueo de 4 mil millones de pesos es expulsado a gritos por los propios oaxaqueños, y José Murat que dejó enorme deuda y detenta, ¡fíjense nada más!, la Fundación Luis Donaldo Colosio, se dio el lujo de dejar a su hijo Alejandro a continuar el usufructo.
A quien tienen en la antesala pero nada se resuelve pese a los cargos en su contra, es a Gabino Cué el anterior gobernador. En medio de las deudas, el despilfarro y el cinismo, el ejercicio de esos presuntos gobernantes suele destinar migajas a las comunidades, asidas a pequeñas tierras, viviendo en zonas y casas miserables que no reciben ningún apoyo técnico, ni material para darles fijeza. Y están expuestas como sucedió en esta trágica jornada, a la fuerza de los elementos.
Las infraestructuras de comunicación son tan precarias, que la noche del temblor, Murat se enteró de la destrucción de Juchitán varias horas después. Pero a cambio ha obligado al Istmo a ser campo de ventiladores energéticos transnacionales, que ahora, ante la debacle, desde luego huirán sin responsabilidad.
El relato del gran escritor juchiteco Andrés Henestrosa, Fundación de Juchitán, es un trocito de poesía, una remembranza de los dones que su dios entregó a esa tierra extraordinaria y la intervención del santo juchiteco San Vicente, cuya iglesia del mismo nombre, monumento histórico, se derrumbó por el temblor.
El relato está dentro de la antología “De seis meses” que hizo el reconocido poeta juchiteco Victor de la Cruz, recientemente fallecido, La flor de la palabra (La red de Jonás, cultura popular, SEP 1983). Significativo libro que tiene como portada un plato artesanal pintado por Francisco Toledo y deriva todas sus narraciones y poesías en los dos idiomas, el zapoteco y el español.
Buena parte de la obra es atribuible a Víctor, pero dedica un espacio “a lo que han escrito los zapotecos en español”. Entre ellos están don Andrés, escritor, poeta, político, autor entre otras obras de Los hombres que dispersó la danza.
La reunión de esos hombres quizá fue convocada en el relato, porque San Vicente al buscar un lugar donde el aire no fuera nítido, bonito y puro, quería en cambio uno de aire grueso, tierra árida, agua profunda, lluvia indócil y “la selva tendida al pie del horizonte”.
Eso era para él Juchitán, la ciudad de los hombres laboriosos que la terminaron transformando. Así los reunió. Así creo a esa ciudad, hoy en parte destruida.
Ahora, dirían el santo y el escritor, en Juchitán se repite “el valor, el ruido, y la desventura de los primeros hombres”. ¿Qué pensaría Henestrosa si viera su ciudad en estos momentos? ¿La recordaría como el otro gran poeta, su paisano Gabriel López Chiñas?
Juchitán yo vi en ti,
entre tus vientos y polvos,
la primera luz.