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SEDENA debe informar sobre su intervención en el enfrentamiento en Villa Unión, Sinaloa
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informar sobre su actuación en los hechos que tuvieron lugar en la Sindicatura de Villa Unión, el 30 de junio de 2017, en donde murieron 17 personas en un enfrentamiento con la policía municipal de Mazatlán, Sinaloa.
Un particular solicitó conocer el reporte de los hechos consignado en el parte o informe levantado; el punto exacto en donde ocurrieron; las patrullas militares encargadas de cubrir ese turno y el sector rural; así como el número de policías militares, ministeriales, estatales y de la Marina involucrados en el operativo, precisando en qué consistió su actuación.
En respuesta, la dependencia señaló que no localizó ningún documento relacionado con la materia de la solicitud, razón por la cual el particular se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI, manifestando que la Sedena cuenta con registros de todos los eventos donde participa su personal. Asimismo, agregó que en medios de comunicación circularon las declaraciones de los jefes policíacos de la entidad federativa y del municipio de Mazatlán, en las que dieron a conocer que fueron apoyados por personal militar el día del evento referido.
En alegatos, la Sedena reiteró su respuesta y precisó que el personal militar participó después del enfrentamiento, sólo en la búsqueda de los agresores sin obtener resultados. Respecto de la actuación de las otras dependencias, orientó al particular a dirigir su solicitud a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía del estado de Sinaloa y a la Secretaría de Marina.
Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada Areli Cano Guadiana afirmó que la seguridad pública y la manera en que el Estado asume su responsabilidad de garantizarla se ha convertido en una de las exigencias más sentidas de la sociedad.
“La seguridad pública es clave en el desarrollo cotidiano de la vida; entonces, las autoridades tienen como una de las principales obligaciones generar las condiciones adecuadas, a fin de que los individuos puedan realizar sus actividades normales con la confianza de que su integridad personal, su patrimonio, así como otros bienes jurídicos tutelados estén exentos de cualquier amenaza o riesgo”, destacó.