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DE PAÍS DE LEYES, A ESTADO DE DERECHO

México ha dado paso a múltiples transiciones en los últimos 24 años. Edna Jaime, directora de México Evalúa, asegura que “México hoy está tratando de dar una tercera transición, con misión de construir Estado. La esencia de nuestro atraso está en la falta de un Estado democrático de derecho…” (Nexos Nº 481. Enero 2018).

Edna, proyecta ese Estado, con instituciones fuertes, capaces de castigar al delincuente, proteger al ciudadano, limitar el abuso de poder político y económico y sujetar a todas las personas al imperio de las mismas leyes.

Para que México transite de un país de leyes a un Estado Democrático de Derecho, un primer paso consistiría en que la Constitución, como Norma Suprema,  determine las reglas formales y materiales a las cuales los titulares de los poderes y cualquier tipo de poder, deben sujetarse; reconocer y proteger los derechos públicos subjetivos mínimos o derechos fundamentales de sus gobernados.

Así mismo, establecer la organización del Estado, creando instituciones, fijándoles competencias y dotándolas de facultades dentro de las cuales éstas podrán actuar, fijando las formas de expresión de los poderes y determinando su control, siendo un imperativo que todo acto de autoridad, sea judicial, legislativo o administrativo, se encuentre ajustado a los principios fundantes básicos, imponiéndosele, en caso de no ser así, la sanción de nulidad, conforme lo explica Diego Valades.

Lo anterior, llevaría a que los poderes legislativos federal y estatales, lleven mucho del contenido de nuestras constituciones, federal y estatales, a sus respectivas leyes secundarias, normativas o reglamentarias, aligerando así el peso de nuestras normas constitucionales, para hacerlas efectivas y que estén siempre vigentes, en tanto procedimentalmente es más rápido reformar una ley secundaria o reglamentaria, para mantener la positividad de la disposición constitucional, al actualizar sus disposiciones, conforme la evolución social lo demande.

Las constituciones federal y local deben dar lugar a Instituciones que sean sistemas públicos de reglas que definen cargos y posiciones, derechos y deberes, poderes e inmunidades, que especifiquen las acciones permisibles y las acciones prohibidas, estableciendo sanciones y garantías, de tal forma que se sepa desde un inicio, cuál va a ser el destino de todo aquél que no cumpla con la norma instituida, ya sin más trámite, ya que las muchas de las sanciones actuales “son inferiores a los beneficios que siguen de su violación” (Albert Calsamiglia).

Lo anterior, llevará a una intervención quirúrgica mayor del sistema de justicia penal y administrativo, en tanto la cárcel no debe ser vista como la sanción mayor y ejemplar. Lo que debe y tiene que ser la sanción mayor ejemplar, es que se les confisquen sus bienes, ventas y valores, tenidos y retenidos durante sus carreras políticas, económicas, deportivas, culturales, religiosas y sociales, como producto de la corrupción. La clave de la corrupción es la impunidad, por lo que a menor impunidad, menor corrupción.

Por ello, las leyes secundarias y reglamentarias tienen que ser muy precisas, con procedimientos muy cortos y rápidos, cuya efectividad se pueda medir por sus resultados en función de su cumplimiento. En la medida que se demore la eficacia de una ley, es la señal de que no está funcionando, lo que ameritaría promover su reforma para hacer efectivo el mandato constitucional, contenido en las leyes. En este paso, debe darse lugar a la derogación de un sinfín de ordenamientos legales que no se aplican, y que están ahí, estorbando o enmarañando la plena vigencia de la ley.

Ésta, también será positivamente más eficaz, siendo su cumplimiento mayor, en la medida que tengan pocos artículos. La figura de la Afirmativa Ficta debe consolidarse a favor de los gobernados, en todo aquello que no tenga vinculaciones electorales, penales, ni fiscales. Cada persona tiene una inviolabilidad fundada en la justicia, que ni siquiera el bien de la sociedad puede atropellar. (Teoría de la Justicia. John Rawls. 1979)

Urge por ello, afirmar la propiedad privada, como también urge afirmar lo público, el bien público como Bien Común, que es, sigue y seguirá siendo, la Razón de Ser de la Política y del Estado. Eh aquí una tarea pendiente entre la sociedad y los ciudadanos, puesto que hay representados y gobernados, que buscan en sus representantes populares y gobernantes, obtener solo beneficios privados o de grupo, no para su gremio o comunidad que dicen representar. En la medida que los ciudadanos y la sociedad, recuperen el sentido de Bien Común, como propio de lo Público, en esa misma medida, se le cerrará el paso a la corrupción.

Así es como México irá transitando de un país de leyes a un Estado Democrático de Derecho, a través de sus instituciones y las que aún no tenga, tendrán que irse creando, porque no hay soluciones mágicas, ni “mesías redentores” que las realicen.