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TLAXCALA, Tlax., a 6 de enero de 2017.- Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, informaron al Congreso local supuestas irregularidades cometidas por la Contraloría General del Instituto, pues aseguran que no ha desempeñado las facultades estipuladas en el artículo 85 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Incluso, expresaron que la contralora “obedece a interéses ajenos” y no institucionales propios de un órgano de control interno.
Lo que dejaría impedida para observar la aplicación del gasto del Instittuto para el siguiente ejercicio fiscal, “ha reflejado la inobservancia a los principios de imparcialidad, legalidad, certeza y objetividad a los que está obligada a cumplir.
Mediante oficio número ITE-CG 1163/2016, expusieron que la Contralora General no ha fijado los criterios para la realización de las auditorias, procedimientos, métodos y sistemas para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órgano del Instituto.
Asimismo, ha omitido establecer normas, procedimientos, métodos y sistema de contabilidad y de archivo, de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, así como aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías y revisiones, que realice en el cumplimiento de sus funciones.
De igual forma, indicaron que no ha emitido lineamientos para instruir, desahogar y resolver los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en contra de los servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.
El oficio, también refiere que la Contadora Publica María Guadalupe Zamora, “durante el presente ejercicio fiscal no formuló ningún pliego de observaciones, infringiendo lo señalado en la fracción XV del artículo 85 de la Ley Electoral local”.
A decir del documento, infringe el articulo 83 párrafo segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, “pretende que una persona ajena a la plantilla personal de este instituto, sea quien reciba documentos oficiales a los que solo debe conocer exclusivamente y tener acceso el personal adscrito a la Contraloría General lo que conlleva a vulnerar el manejo de la información de dicho instituto”.
Evidenciaron que la contraloría general no ha llevado a cabo la actualización y regulación del parque vehicular; ha incumplido en la ejecución de su Programa Anual de Trabajo 2016, que a decir de los consejeros cuentan con evidencias documentales.