Exige Amaro a PGJE y TSJE no filtrar denuncias penales contra exalcaldes

TLAXCALA, Tlax., 20 de febrero de 2018.- El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Poder Legislativo, Alberto Amaro Corona exigió al encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Antonio Aquiahuatl Sánchez, respecto de las denuncias penales en contra de exalcaldes que causaron un probable daño patrimonial en la aplicación de recursos públicos.

De igual forma pidió al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Héctor Maldonado Bonilla para que los magistrados procedan en contra de ex alcaldes.
El diputado perredista sostuvo que las denuncias en contra de ex autoridades están basadas en pruebas y elementos objetivos, así como con una colaboración estrecha entre el Órgano de Fiscalización y la Procuraduría General de Justicia.
“De configurarse algún delito las investigaciones conducentes y las peticiones de ordenes de aprehensión estén debidamente fundamentadas y motivadas, pero también hay una exigencia legal para que las investigaciones se realicen con la objetividad, profesionalismo y la secrecía que marca la Ley”.
En ese sentido, el legislador dijo que no debe existir ningún tipo de filtración de información que tiene bajo resguardo la Procuraduría como el Tribunal Superior de Justicia y los juzgados penales, de lo contrario dijo, la impartición de justicia que exige la ciudadanía se desvirtúa y se fomenta a la impunidad y la corrupción
Desde la máxima tribuna durante asuntos generales de la sesión ordinaria de este martes, el diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Amaro Corona, exigió al encargado de la Procuraduría General de Justicia (PGJE), “deje de filtrar información respecto a las investigaciones que se llevan a cabo sobre las denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior en contra de ex presidentes municipales, violando la secrecía que debe regir la investigación de los delitos.
Asimismo, solicitó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Héctor Maldonado Bonilla, para que los magistrados, jueces de lo penal para una vez que radiquen las carpetas de investigación correspondientes, inicien los respectivos procesos con estricto apego a la Ley.
Lo anterior, dijo a fin de evitar “el tráfico de influencias, ni de filtración de información sobre ordenes de aprehensión o cualquier otro que vaya en detrimento de la exigencia social, de transparencia en la rendición de cuentas, en el castigo a los responsables en el desvió de recursos públicos que propician impunidad y corrupción”.
Incluso, el legislador de extracción perredista Amaro Corona acuso que al interior de la Procuraduría “venden información y que desde el Tribunal en un acto de amistad se informa cual es el estatus jurídico que prevalecía en cada uno de los casos“.
Es por ello, que Amaro Corona refirió “el Congreso del Estado exhorta al encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia y al presidente del Tribunal Superior de Justicia y a magistrados y jueces de los penal a instrumentar las acciones conducentes que impidan la filtración de información con motivo de las investigaciones y ordenes de aprehensión derivados de las denuncias presentadas por el OFS, relacionadas con la comisión de posibles delitos detectados en la revisión de cuentas públicas municipales”.
Finalmente, el legislador local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Amaro Corona, señalo que desde el Congreso local se han conducido con transparencia al momento de la fiscalización.
“Se han hecho esfuerzos basados en el cumplimiento de la Ley para que cuándo se detecten irregularidades al momento de la revisión y fiscalización de los diversos entes públicos se ha mandatado al Órgano de Fiscalización Superior a instrumentar los procedimientos administrativos, sancionadores correspondientes y hacer las denuncias que se deriven de la fiscalización cuándo se detecta la comisión de algún delito”.
La solicitud del legislador perredista fue enviada a la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), del Congreso local para su trámite correspondiente.