Fin de sexenio/I de II

CDMX, 14 de marzo, 2018.- Cuando empieza el último tramo de gobierno de los presidentes de México, una figura espectral los persigue. Obras, logros y aciertos que pudieron tener son olvidados, en cambio, errores, descuidos, acciones involuntarias negativas y hasta dicharachos se convierten en su sello frente a la historia.

Enrique Peña Nieto comienza a recorrer ese trecho que todos sus antecesores caminaron. El 1 de julio de 2018, se conocerá el nombre de su sucesor.  Pocas veces en la historia contemporánea llega México en condiciones más difíciles que en este sexenio. El desencanto general se debe a la impunidad que goza el equipo gobernante de cara a los agravios que ha sufrido la sociedad mexicana en estos seis años.  Corrupción y violencia nos satura día a día con  noticias sobre matanzas, extorsiones, secuestros y robos.

La historia muestra que el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que gobernó el sexenio 1964-1970, no es recordado por haber propuesto en 1967 el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como el Tratado de Tlatelolco, que fue la plataforma para que  el mexicano Alfonso García Robles ganara el premio Nobel de la Paz en 1982.

Díaz Ordaz  tampoco es recordado por haber sido el precursor en 1967 del Sistema de Transporte Colectivo en la Ciudad de México, que actualmente tiene 203 kilómetros, en 11 líneas y transporta diariamente a 4.2 millones de personas, es más, ni en la historia oficial del Metro lo mencionan. Y mucho menos es evocado por  haber construido en su sexenio 107 presas.

Gustavo Díaz Ordaz es conocido porque el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, un grupo paramilitar llamado Olimpia disparó indiscriminadamente en contra de una manifestación de estudiantes.

La candidatura de Enrique Peña Nieto será analizada por los futuros historiadores  como un producto de la mercadotecnia política  lenta y cuidadosamente construida, no solo en el campo mediático -por medio de una presencia casi constante en los medios y  por el conveniente matrimonio con la actriz  Angélica Rivera,  y en  alianza con los nuevos gobernadores priistas, cuyas campañas Peña Nieto contribuyó a financiar.

Un dato es revelador del clima de malestar social que hay en el país: de los 32 gobernadores que han administrado el país a la par del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, 22 son priistas. Estos gobernadores desviaron  alrededor de 258 mil 829 millones 185 mil pesos de los recursos públicos, de acuerdo con denuncias penales y resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Hasta el momento, sólo cinco de ellos han sido detenidos o tienen orden de aprehensión y cuatro han sido denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR). De mayor a menor monto desviado, según lo que se ha documentado, destaca la gestión del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez (2010-2016), buscado por la Interpol, y la del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), recién detenido en Guatemala.