Inicia CEDH trabajos para crear el mecanismo estatal de prevención de la tortura

TLAXCALA, Tlax., 31 de mayo de 2023.-La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, y la directora general de la asociación civil Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, María Sirvent Bravo Ahuja, firmaron un convenio de colaboración para sentar las bases para la creación y operación del Mecanismo Estatal de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Testigo de la firma de este convenio de colaboración fue el director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Antonio Rueda.

Para el cumplimiento de este convenio, la CEDH y la asociación Documenta acordaron la aportación de recursos humanos y materiales para apoyar la realización de diversas actividades y programas, además de que coordinarán conjuntamente acciones de promoción de los derechos humanos e intercambiarán experiencias en temas y análisis en torno a la protección de éstos.

La ombudsperson Jakqueline Ordoñez Brasdefer reconoció la importancia del acuerdo para avanzar no sólo en la construcción del Mecanismo Estatal de Prevención de la Tortura, sino también para iniciar una serie de capacitaciones relativas a la prevención y la evaluación de espacios de privación de la libertad.

Por su parte, la directora general de la asociación civil Documenta, María Sirvent Bravo Ahuja, aseguró que el trabajo preventivo en este tipo de labores sí funciona y da buenos resultados, pero reconoció que son de “largo aliento” debido a la identificación de riesgos y violaciones a los derechos humanos en los mismos espacios de privación de la libertad.

Para avanzar en la materialización del acuerdo firmado, defensoras y defensores de la CEDH iniciaron un curso-taller denominado “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala como mecanismo de prevención de la tortura”, impartido por la asociación civil Documenta, con el objetivo de adquirir herramientas de monitoreo preventivo para la detección y análisis de riesgos de tortura y malos tratos en espacios de privación de la libertad, con énfasis en detenciones administrativas.