Rechaza CEDH actos violentos de la SSC contra normalistas

TLAXCALA, Tlax., 25 de octubre de 2022.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante la sociedad tlaxcalteca, fija su posición e informa sobre su intervención en los diversos hechos suscitados entre personas estudiantes de la Escuela Normal Rural Lic. Benito Juárez de Panotla, Tlaxcala, acompañadas de otras instituciones educativas del país suscitados la noche del jueves 20 de octubre del año en curso, con personas elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En tal sentido, ha expresado públicamente su solidaridad con los actos y manifestaciones que se realizan en el estado, con el fin de visibilizar diferentes problemáticas que enfrentan grupos y sectores sociales, entre ellos el de estudiantes de educación superior, así como el respeto al derecho a la libre expresión y manifestación de todas las personas que deseen ejercerlos, manifestando la desaprobación de todo tipo de actos violentos y reconociendo que toda persona tiene derecho a la protección de su vida, integridad física y respeto a su dignidad humana.

Este organismo reconoce que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha ocupado en establecer la relevancia de la libertad de expresión en la sociedad democrática y entiende que el orden público reclama, que, dentro de una sociedad, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto.

La CEDH, desde el primer momento en que medios de comunicación dieron a conocer los hechos suscitados el día 20 de octubre del año en curso, respecto al caso de las y los estudiantes normalistas que fueron detenidos por elementos de la SSC, dio seguimiento y acompañamiento en cada una de las etapas que se han registrado relativo a los citados estudiantes. De manera oficiosa, en esa misma fecha la CEDH inició la investigación de presuntas vulneraciones a los derechos humanos mediante investigación directa;  también ha participado como observadora en las diferentes acciones emprendidas por las autoridades como respuesta e investigación de los hechos, y  se ha acompañado a las mesas de diálogo entre el Gobierno del estado  e  integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, por lo que se continuará respaldando estas mesas con el objetivo firme de no permitir la vulneración de derechos humanos.

Es obligación de las autoridades facilitar el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica y garantizar la seguridad de las personas manifestantes, así como tomar las medidas necesarias para garantizar otros derechos del resto de la ciudadanía, por lo que, este organismo protector de derechos humanos, reconoce la participación y voluntad de la comunidad estudiantil y las autoridades del Gobierno del estado de Tlaxcala y  del Gobierno de México, en la construcción de una mesa de trabajo sobre la verificación de los hechos y diálogo en la defensa y promoción de los derechos humanos, a través del fomento de una Cultura de la Paz, que desde el pasado 21 de octubre se ha venido construyendo de manera permanente y que por acuerdo de las partes intervinientes se mantiene en reserva.

Por lo que, en este contexto, la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, en su carácter de observadora de la mesa de diálogo permanente llevada a cabo en diferentes momentos entre el Secretario de Gobierno del estado, Sergio González Hernández; el Secretario de Educación, Homero Meneses Hernández; el Director General de Educación Superior para el Magisterio del Gobierno de México; Mario Chávez Campos, entre otras autoridades, con la comunidad estudiantil de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, ha dado seguimiento y acompañamiento en cada una de las etapas que se han registrado a las demandas de las estudiantes, así como de los mecanismos implementados para lograr la reparación de los derechos de las víctimas y ofendidos, y de las acciones necesarias para que estudiantes y víctimas puedan ejercer sus derechos.

Como organismo constitucional autónomo confiamos en una debida articulación y colaboración entre el Gobierno y la ciudadanía, con el propósito y la convicción de buscar y elegir las mejores rutas para solucionar las problemáticas de nuestro estado. Sabemos la importancia de considerar los intereses, las necesidades y las pretensiones, de cada actor para encontrar soluciones pacíficas que construyan sociedades armónicas y progresivas.