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CIUDAD DE MÉXICO., 15 de enero de 2021.- A la par de los avances tecnológicos la delincuencia cibernética genera constantemente diferentes formas de operar, por lo que pequeñas variaciones pueden provocar que los ilícitos tengan mayor movilidad que incluso el Derecho o la sociedad, lo cual ocasiona que su detección sea más compleja, advirtió José Antonio Álvarez León, profesor de carrera adscrito al área de Posgrado en Derecho y Política Criminal de la FES Acatlán de la UNAM.
En un comunicado, el investigador advierte que al ingresar a la red, dijo, el usuario está expuesto a diversas circunstancias o modalidades típicas que pueden ser previsibles por la ley para salvaguardar el bien o advertir “el no hacer” a quienes quieren disminuir la seguridad o dañar un bien jurídico.
“La normatividad digital nos plantea que estar en riesgo es la posibilidad de que los bienes tutelados puedan ser vulnerados de forma exponencial respecto a la protección que se brinda. Los riesgos también se relacionan con las formas de actuar de las personas ya sea por ignorancia, falta de pericia, exceso de confianza o descuido, vulneran su identidad e información digital. Así se ubican las personas en estado de vulnerabilidad”, aclaró.
Respecto al estudio que realizan en la FES Acatlán en materia de movilidad de delito en redes, el universitario destacó que se refiere a la etiología delictiva, su crecimiento y desarrollo, y la multiplicación de las circunstancias para su realización en el espacio digital; en función de las medidas preventivas todo lo van “alcanzando”, es decir, el delito se modifica cuando las formas de control legal detectan los caminos para su realización.
Cuando hay control preventivo o de combate al delito digital en forma eficiente, aseguró, éste se fragmenta de tal manera que la conducta delictiva cambia de modalidad, lo cual provoca que el legislador no la alcance nunca.
En términos jurídicos significa que cuando algo se tipifica, la forma comisiva varía de muchas formas en el hacer digital para evitar el encuadramiento legal, situación que genera la imposible imputación. “Supongamos que alguien denuncia un fraude ante la ley, la víctima debe describir el modus operandi del delincuente, por ejemplo el robo de contraseña, y cuando los representantes de la ley detectan la operación delictiva y buscan capturar al delincuente, éste cambia la forma de actuar a través de una variación tecnológica o de identidad, de tal suerte que persiste el robo de identidad, pero lo disfrazan o combinan con otro delito; esto hace que multipliquen sus rastros generando confusión”, explicó.
Comentó que la investigación se encuentra en etapa inicial y abarca delitos convencionales como robo, fraude y trata de personas bajo la modalidad cibernética. Se busca comprender la velocidad tecnológica con la que realizan los delitos y cómo podría darse la posibilidad de que una variación típica se considere la actividad sustancial primaria del ilícito, con el fin de que las personas puedan tener un halo de seguridad y se sientan respaldadas ante la ley, porque actualmente esto no existe.
“En México existe normatividad en término de leyes sustantivas, penales y especiales que regulan las actividades que se realizan a través del ciberespacio, así como ciberpatrullaje y otros instrumentos de carácter público desde el control penal del Estado para atender a víctimas de ciberdelitos. En esta materia contamos con controles públicos, privado e individuales, pero hay mucho por hacer en la medida que haya avances tecnológicos”, puntualizó.