Candidatos entregan tarjetas y prometen beneficios, ¿es legal?

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de junio de 2018.- En los últimos días circulan imágenes de la tarjeta de Ingreso Básico Universal (IBU) con la imagen del candidato Ricardo Anaya, en la que promete la entrega de mil 500 pesos mensuales a todos los mexicanos, como parte del programa propuesto de Ingreso Básico Universal,  “por el sólo hecho de ser mexicano”.

La imagen es real. La promesa, en efecto, viene del comité de campaña de Anaya. Verificado 2018 marcó al número impreso en la propaganda de la tarjeta y corroboró que se trata de la casa de campaña del candidato. Sobre la imagen que circula en redes, el operador de la llamada mencionó que se trata sólo de un prototipo. Para los interesados en obtener la tarjeta, el operador realiza un prerregistro y solicita sus datos sin proporcionar previamente un aviso de privacidad.

Cecilia Soto, miembro de la campaña de Ricardo Anaya y actual diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) confirmó la existencia de las tarjetas. “Es una representación gráfica del #IngresoBásicoUniversal que se implementará en el país en forma gradual. Se entregará a todos los ciudadanos mayores de 18, sin criterio de selectividad. Iniciaremos por los municipios más pobres”, escribió en su cuenta.

Miguel Ángel Toscano, excomisionado Nacional de la Comisión Federal de Protección a Riesgo Sanitario (Cofepris), durante la administración de Felipe Calderón y exdiputado por el PAN entre 2003-2006, fue el primero en publicar en Twitter esta imágen y aseguró que realizó la fotografía directamente de la publicidad que un tercero consiguió en la imprenta.

La campaña de la coalición Por México al Frente no es la única en ofrecer este tipo de apoyos. Ricardo Anaya promete entregar ese dinero si los mexicanos lo eligen presidente. Ofrecer dinero o beneficios a cambio del voto puede considerarse “clientelismo”. Los equipos de campaña argumentan que las tarjetas son una propuesta de programa social, pero para algunos especialistas, lo que ocurre, en realidad, es una práctica clientelar.

José Antonio Meade, abanderado de la coalición Todos por México, comenzó, desde su arranque de campaña el primero de abril, la entrega de un certificado a todos los ciudadanos que respondan la Encuesta sobre Necesidades del programa propuesto por el candidato, Avanzar Contigo, el cual incluye una tarjeta con un código de barras, el nombre del programa y la firma de Meade, con la leyenda: “Te invito a que participes en la encuesta Avanzar Contigo para identificar tus necesidades personales y, al llegar a la Presidencia de México, ofrecerte apoyos concretos y a tu medida, para que puedas lograr lo que tú te propones”. La repartición de este certificado fue anunciada en un spot de campaña del candidato y  se realizará por todo el país, según informó el grupo de trabajo del candidato.

Para responder la encuesta, los ciudadanos deben proporcionar nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, número telefónico, dirección, así como identificar —entre opciones ya establecidas— sus tres necesidades más urgentes y las más urgentes para el país.

A nivel local, Alejandra Barrales, candidata de Por México al Frente (PRD, PAN y MC) a Gobierno de la Ciudad de México, prometió que en caso de ganar, pondría en marcha el programa Pa’ las Jefas, a través del cual se entregarán dos mil 500 pesos mensuales a las mujeres capitalinas, y el programa Ciudad Pa’ Estudiantes, que permitirá acceso gratuito al transporte público a estudiantes de bachillerato y universidad.

A inicios de mayo, Barrales informó que iniciaría con el reparto de 100 mil tarjetas desactivadas con folio, esto a través de brigadas de la coalición Por México al Frente, recorridos en las calles y módulos en los que realizarán censos a los posibles beneficiarios. De acuerdo con información de Reforma, para obtener el plástico sin crédito es necesario entregar copias de la credencial electoral, proporcionar datos personales y llenar un formulario para obtener el plástico sin crédito.

¿Es o no es clientelismo?

Las tarjetas de promesa se utilizaron en las elecciones para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, en 2016. En las primeras, el candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo, repartió las tarjetas Salario Rosa, con las que prometía entregar, de ser electo, un apoyo bimestral de dos mil 400 pesos a mujeres dedicadas al trabajo del hogar en situación de pobreza. Mientras que en Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, también candidato del PRI, repartió tres tipos de tarjetas para mujeres, ciudadanos y estudiantes. Hoy ambos son gobernadores de sus entidades.

A partir de la distribución de tarjetas en Coahuila y en el Estado de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) modificó el artículo 43 del Reglamento de Fiscalización para que durante los procesos electorales, los partidos políticos o candidatos estén impedidos de entregar directa o indirectamente “cualquier tarjeta, volante, díptico, tríptico, plástico o cualquier otro documento o material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato”. Sin embargo, el Tribunal Electoral lo echó para atrás.

El TEPJF estableció en la sentencia que “la prohibición de repartir propaganda en forma de tarjetas no resulta ilegal, pues se trata de propaganda que presenta un programa que será instrumentado como política pública”, después que los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Revolucionario Institucional (PRI) se inconfomaran ante la medida por considerar que el INE se había extralimitado en sus funciones.

Javier Martín Reyes, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dijo a Verificado 2018 que, desde el punto de vista jurídico, las tarjetas de promesa ya no representan una medida clientelar, ya que el Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación (TEPJF) determinó que consisten en promesas de campaña y no en la entrega de un beneficio mediato. Sin embargo, desde un perspectiva sociológica y politológica —aclara el experto— sí puede considerarse una medida clientelar, ya que implica una asimetría de poder en la que el candidato que eventualmente podría convertirse en un político con acceso a recursos públicos distribuye de manera selectiva beneficios a grupos vulnerables a cambio de apoyo político.

Joy Langston, investigadora del CIDE, consideró que en definitiva constituye una medida clientelar, ya que, independientemente de que las tarjetas no cuentan aún con recursos, los candidatos intercambian bienes públicos —dinero que reciben del INE y hacer campaña— para obtener el voto ciudadano.

Arturo Espinosa, director de la consultora Strategia Electoral, sostuvo que el criterio que importa es el de los magistrados del Tribunal, quienes emitirán una resolución en caso de presentarse una denuncia en un proceso sancionador por el uso de las tarjetas.

La repartición de tarjetas no es único de las campañas electorales, algunos gobiernos estatales aprovechan la coyuntura electoral para lanzar programas de repartición de recursos a través de tarjetas. Campeche, Coahuila, Estado de México y Oaxaca. Además de Chiapas y Veracruz que, en donde también elegirán gobernador.