CEDH emite recomendación por marchas de mujeres, activistas y colectivos

TLAXCALA, Tlax., 17 de febrero de 2023.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación General 01/2023, dirigida a las personas titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Secretaría de Gobierno, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), por la violación de derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad personal y al acceso a la justicia.

Esta Recomendación General tiene su origen, de manera indirecta, en los hechos suscitados el 8 de marzo de 2022, durante el desarrollo de una manifestación, protesta o marcha de grupos de mujeres, activistas, colectivos y organizaciones, con el fin de mostrar públicamente su opinión contra cualquier tipo de violencia hacia ellas.

Sin embargo, en la Recomendación General la CEDH también hace un análisis del contexto de ocho diferentes manifestaciones realizadas de agosto de 2021 y diciembre de 2022, donde se identifica que las coincidencias de las personas protestantes fue buscar escenarios para incidir y transformar las condiciones de género que producen la violencia contra las mujeres, al externar circunstancias de violencia que han vivido y viven en su día a día en todos los ámbitos.

En esa perspectiva, la CEDH propone a la asamblea del Congreso del Estado, por conducto de su diputado presidente de la Mesa Directiva, Bladimir Zainos Flores, diversos puntos con el objetivo de prevenir futuros acontecimientos que pudieran generar inconformidades similares a las que dieron origen a esta Recomendación General 01/2023.

Cabe destacar, que dentro de esta Recomendación General la CEDH hace un llamado a las autoridades destinatarias para generar un escenario de colaboración, y construir políticas de prevención de actos materiales que afecten o criminalicen la protesta social legítima y justificada, y en la cual participen colectivos integrados por personas defensoras de derechos humanos, además de garantizar, desde una concepción preventiva, la efectiva incorporación de la perspectiva de género, considerando los tipos y modalidades de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres y las niñas en el tejido social.