Exhiben impunidad en guerra contra el narco

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de octubre de 2019. — De 233 sujetos señalados como los más buscados en la denominada guerra contra el narcotráfico, sólo dos tienen sentencia irrevocable por delincuencia.

Si el reciente operativo contra Ovidio Guzmán hubiera tenido éxito durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, nada garantizaba que pudiera quedarse en prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.

A lo largo de esos 12 años, durante la guerra contra el narcotráfico en México, se detuvieron a 233 personas a quienes etiquetaron como las más buscadas del país: las anunciaron en sus informes de gobierno, en el Diario Oficial de la Federación o más tarde fueron catalogadas como objetivos prioritarios por su presunta jerarquía dentro de los carteles.

En una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Zorayda Gallegos y Laura Sánchez Ley revelan que apenas lograron sentenciar a 13 sujetos, y fue por delitos menores como posesión de armas o de drogas.

La Procuraduría General de la República (PGR) -ahora transformada en Fiscalía- perdió batallas en los tribunales. Tan solo en dos casos obtuvieron penas irrevocables por delincuencia organizada, es decir, una por sexenio.

El 12 de septiembre del 2012, Ramón Pequeño García, entonces jefe de la División Antidrogas de la Secretaría de Seguridad Pública federal, se colocó frente a decenas de reporteros y camarógrafos que esperaban en el hangar de la Policía Federal por el mensaje que el gobierno tenía que dar a la opinión pública.

Entre helicópteros y camiones blindados, el funcionario leyó durante casi 10 minutos y en orden cronológico cada detalle de la carrera delictiva de Ramiro Pozos González, alias El Molca, uno de los narcotraficantes más buscados por el gobierno de México.

Pequeño García aseguró que Pozos González, entonces de 42 años, era el fundador y líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, extorsiones y secuestros conocida como La Resistencia, un ala del desaparecido cártel del Milenio, quienes controlaron el tráfico de drogas desde Jalisco en la década de 1990.

El gobierno del entonces presidente Felipe Calderón ofrecía una recompensa de un millón de pesos por la captura de Pozos González.

El hombre fue detenido por policías federales en la entrada de su domicilio en el Estado México.

Pozos González desde la década de 1990 se convirtió en uno de los hombres de confianza de Nazario Moreno El Chayo, líder de los Caballeros Templarios, un cártel que asesinaba y torturaba por “justicia divina”.

También fue parte de Los Valencia, una organización delictiva que trasladó toneladas de cocaína de Jalisco a Estados Unidos; tuvo conexiones con el cártel de Sinaloa y el del Golfo; desde el 2010 era líder de su propio cártel y había logrado alianzas con Los Zetas.

Tres policías federales bajaron a Ramiro Pozos de un vehículo blindado y lo guiaron sujetándolo de los hombros hasta la mesa donde se exhibía un fusil Kaláshnikov con incrustaciones de oro en el mango y el cargador, que supuestamente era propiedad del detenido.