Pandemia exhibió economía mundial basada en impunidad empresarial: CSI

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de octubre de 2021.- La importante reunión intergubernamental de esta semana, que se celebra en Ginebra, tiene que lograr avances sustanciales para redactar un Tratado de la ONU sobre empresas y derechos humanos, tras la publicación de la declaración conjunta redactada por expertos de derechos humanos de la ONU en la que instan a una igualdad de condiciones a nivel mundial para lograr una conducta empresarial responsable. 

La postura sindical para las negociaciones se detalla en este documento de postura común de la CSI y las Federaciones Sindicales Internacionales. La reunión de esta semana lidiará con un documento revisado: la tercera versión del texto. 

La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, declaró: “Este instrumento jurídicamente vinculante representa una oportunidad única para establecer unas normas mundiales aplicables de conducta empresarial responsable que acaben con la impunidad de las violaciones de los derechos humanos por parte de las grandes empresas”. 

“La pandemia de la COVID-19 ha vuelto a dejar al descubierto una economía mundial basada en la impunidad empresarial y la precipitación al vacío, así como la fragilidad de las cadenas de suministro y los modelos de negocio mundiales basados en formas de empleo atípicas y en la informalidad”. 

“En esta fase de las negociaciones hay que enviar un mensaje claro a los gobiernos y las empresas: no se puede dirigir un negocio basado en la explotación de los trabajadores, las comunidades ni el planeta”. 

Las prioridades clave para el movimiento sindical son las siguientes: 

+el ámbito del tratado debe ser amplio y sustancial y abordar todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, incluidos los derechos fundamentales y sindicales de los trabajadores/as, tal y como los definen las normas internacionales del trabajo; 

+deben estar incluidas todas las empresas comerciales, independientemente de su tamaño, sector, contexto operativo, propiedad y estructura o regulación extraterritorial de la compañía matriz; 

+debe haber justicia para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos de las empresas transnacionales en el Estado de origen de dichas corporaciones; 

+deben fijarse medidas normativas que obliguen a las empresas a adoptar y aplicar políticas y procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos; y 

+debe reafirmarse el carácter aplicable de las obligaciones relacionadas con los derechos humanos en las actividades de las empresas y su obligación de respetar los derechos humanos, con un mecanismo internacional sólido de control y verificación de su cumplimiento. 

Los sindicatos celebran que en el tercer borrador se hayan incluido una mejor integración total de la perspectiva de género, el reconocimiento de la importancia de la salud y la seguridad en las iniciativas para lograr un desarrollo sostenible, así como las referencias al derecho a un entorno seguro, limpio, saludable y sostenible y a la obligación de las empresas comerciales de respetar los derechos humanos, entre otros asuntos. 

“Tenemos la oportunidad de basarnos en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos para hacer que las empresas rindan cuentas de sus obligaciones relacionadas con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, incluidos los principios y derechos fundamentales en el ámbito laboral. Además, haremos hincapié en las repercusiones evidentes, características y desproporcionadas que tienen las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las empresas en los trabajadores, los sindicatos, las comunidades y el medio ambiente, así como en la necesidad de utilizar un lenguaje inequívoco sobre la responsabilidad y un mecanismo claro para verificar su cumplimiento y para que las víctimas puedan acceder a la reparación”. 

“Instamos a todas las partes, incluidos los Estados y la comunidad empresarial, a que participen en el proceso de buena fe y a que negocien de manera constructiva un instrumento jurídicamente vinculante que respete el Estado de derecho internacional, acabe con la impunidad de las empresas y proteja a los trabajadores, las comunidades y el planeta”, concluyó Sharan Burrow.