CNDH reafirma denuncias que comunidades realizaron hace 20 años

La CNDH reafirma las denuncias que las comunidades han realizado desde hace más de 20 años sobre los daños generados por la contaminación del río Atoyac. 

Lo que sucede en la región Tlaxcala-Puebla, es muestra del deterioro ambiental de la entidad.

TLAXCALA, Tlax., 30 de marzo de 207.- Autoridades de los 3 niveles de gobierno han sido omisos y cómplices en las afectaciones comunitarias, aún cuando existe información periódica desde la década de los 90´s.

Urge revisar los planes de saneamiento y construir el Programa Integral de Restauración Ecológica y de Saneamiento para la Cuenca del Alto Atoyac, involucrando a la sociedad civil en la toma de decisiones.

La recomendación 10/2017 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a 11 autoridades de los tres niveles de gobierno, por la contaminación del río Atoyac y sus afluentes, reafirma lo que la ciudadanía e instituciones de investigación reconocidas, han venido denunciando desde hace más de 20 años sobre las afectaciones a la salud de la población y a la madre tierra, provocadas por un crecimiento industrial desmedido en la región Puebla-Tlaxcala.

La problemática de contaminación ambiental y los daños a la salud en la población, no son exclusivos de los municipios de Tepetitla, Nativitas, Ixtacuixtla, Texmelucan y Huejotzingo, más bien, refleja lo que sucede a nivel estatal, pues con el discurso oficial de la generación de empleos, se ha ocasionado muerte y destrucción para la vida de los pueblos y la madre tierra, pisoteando los derechos humanos y la dignidad humana.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno, encargadas de implementar los planes de saneamiento, muestran contradicción en los datos que les solicitó la CNDH durante la investigación y son omisos en sus atribuciones, incluso algunas de ellas llegan al exceso de desconocer sus funciones y obligaciones.

El modelo económico neoliberal impuesto al país, y el crecimiento industrial desordenado, ha violentado con la complacencia del Estado Mexicano, los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos”, aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tienen por objetivo “Proteger, Respetar y Remediar”; pues en su Apartado II, en el Punto 13 -en sus principios 2 fundacionales-, señala que la responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas:

a) Eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan;

b) Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos.

Antecedentes

Las comunidades históricamente mantenían una interrelación de vida con el río Atoyac, sin embargo con la instalación de la planta del complejo petroquímico Independencia en 1969 se inicia la aniquilación, agravándose en la década de los 80´s, con el establecimiento de los corredores industriales Quetzalcoatl, Ciudad Textil, El Carmen, Ixtacuitxla, San Miguel, Huejotzingo y Moyotzingo, que arrojan sus desechos tóxicos sin ningún control al río Atoyac, así como sus emisiones tóxicas al ambiente.

Según el Plan Nacional Hídrico 2014-2018, el Río Atoyac es uno de los 10 más contaminados en toda la República Mexicana, debido a las descargas fabriles y municipales que se encuentran a lo largo de su extensión, ocasionando graves afectaciones a la salud y a la vida de los pueblos.

Ante este contexto, desde hace más de 20 años, habitantes de los municipios de Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla del estado de Tlaxcala y de los municipios de Huejotzingo y Texmelucan pertenecientes a Puebla, preocupados por las enfermedades y muertes -que hasta antes de la instalación de las empresas eran desconocidas-, de manera individual y colectiva denunciaron la contaminación al río y sus afectaciones en la salud y en la vida campesina de los pueblos.

Es en esta realidad que en el año 2003 surgió la “Coordinadora por un Atoyac con Vida”, la cual emprendió una ardua lucha por la defensa de la salud y la vida, a través del saneamiento del rio, sensibilizando a la población sobre la problemática y sosteniendo su demanda mediante vínculos con investigadores y académicos que pudieron comprobar de manera científica los graves daños a la salud y a la vida comunitaria ocasionados por la contaminación del río Atoyac y denunciando ante tribunales internacionales éticos la omisión del Estado Mexicano en sus tres niveles de gobierno por no atender este problema. 3

En marzo de 2006, la Coordinadora por un Atoyac con Vida, con el acompañamiento del Centro Fray Julián Garcés, presentaron el caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), informando sobre la grave contaminación del río Atoyac, aportando como pruebas los estudios realizados por el Instituto de Ingeniería y del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en coordinación con el laboratorio de Análisis y Tratamiento de Aguas Residuales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco y los testimonios de las personas afectadas.

El TLA falló a favor de las comunidades ribereñas del Atoyac, recomendando lo siguiente:

1. Exhortar a todas las autoridades, federales, estatales y locales a tratar el caso de la contaminación de la Cuenca del río Atoyac con la importancia y seriedad de un grave desastre social y ambiental.

2. Profundizar el nexo causal que permita determinar las responsabilidades concretas de las diferentes industrias del corredor industrial Quetzalcoatl.

Así también, la Coordinadora por un Atoyac con Vida presentó el caso de la contaminación del río Atoyac, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) capítulo México, denominado “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos”, que sesionó de 2011 a 2014 y documentó la violación a los derechos humanos en todo el país.

La presentación de las dos denuncias en ambos espacios, dio la razón a las comunidades sobre las graves violaciones a sus derechos humanos y la necesidad de implementar medidas de reparación inmediata en la vida de los pueblos y en el saneamiento del río Atoyac, por los tres niveles de gobierno.

Ante la negativa de las autoridades para actuar de manera contundente y combatir la problemática, en julio de 2011 se presentó ante la CNDH, una queja en contra de autoridades federales, estatales y locales, por actos y omisiones en perjuicio de los habitantes de los municipios de Tepetitla, Nativitas, Ixtacuixtla, Texmelucan y Huejotzingo, por la contaminación ambiental de la sub-cuenca hidrológica del Alto Atoyac, particularmente de los ríos Atoyac y Xochiac, y sus afluentes, derivado del crecimiento industrial, obteniéndose respuesta el 22 de marzo de 2017.

Autoridades omisas

La documentación realizada por la CNDH, reafirma la continua omisión de las autoridades, a pesar de los estudios permanentes, en los que incluso han participado y en los que se ha evidenciado el grado de contaminación, así como el agravamiento de las consecuencias de ésta en la vida de las comunidades, ejemplo 4 de ello es que se han identificado elementos contaminantes que rebasan los límites máximos permisibles que establece la norma ambiental, así como sustancias no normadas como los compuestos orgánicos volátiles, que afectan a la salud tal es el caso del benceno, que es considerado cancerígeno.

Esta recomendación visibiliza que los mecanismos de supervisión a las empresas por contaminar, solo se queda en multas económicas irrisorias, instalándose un mecanismo institucional de pagar por contaminar, sin dar un seguimiento a la implementación de medidas contundentes que contribuyan al saneamiento del río.

Así mismo evidencia que la red nacional de monitoreo de calidad del agua -operada por la Conagua- resulta insuficiente, obsoleta y no mide la totalidad de los parámetros que inciden directamente en la salud, además de que las acciones emprendidas en materia de vigilancia y cumplimiento de la normatividad resultan insignificantes.

Se demuestra que los acuerdos y convenios hasta hoy firmados por las autoridades de Puebla, Tlaxcala y el Gobierno Federal, son inoperantes, ya que no cuentan con plazos determinados, disponibilidad técnica, ni presupuestos, por lo tanto se reafirma la simulación de las autoridades.

Por lo anterior y ante la gravedad del problema exigimos:

PRIMERA.- Dejar la simulación, como ha sucedido con las anteriores administraciones gubernamentales y en el marco de una “gobernanza moderna” al que ha convocado el Titular del Ejecutivo de Tlaxcala, es necesario que la sociedad civil participe en la toma de decisiones que estén relacionadas con el saneamiento del río Atoyac y sus afluentes, pues hasta antes de la instalación de corredores industriales, los pueblos siempre mantuvieron respeto y cuidado a la madre tierra.

SEGUNDA: Que los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, las autoridades municipales y federales; así como el sector empresarial inicien con los trabajos interinstitucionales para la elaboración del Programa Integral de Restauración Ecológica y de Saneamiento para la Cuenca del Alto Atoyac, involucrando a la sociedad civil como sugiere la Recomendación, considerando la política pública existente y estableciendo plazos determinados, así como recursos técnicos y financieros.

TERCERA:- Que la política pública de desarrollo económico para el estado de Tlaxcala, cumpla integralmente con lo establecido en los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como con la legislación nacional e internacional que garantiza el respeto a los derechos humanos, ya que la instalación de empresas en Tlaxcala y en el país, no genera desarrollo, nos expone a un deterioro acelerado en nuestra calidad de vida 5 y a la afectación integral de la madre tierra, provocando una total desesperanza en las próximas generaciones.

CUARTA: Que el Congreso del Estado de Tlaxcala gestione y asigne los recursos económicos necesarios para el saneamiento del río y la atención a la salud de la población afectada.

QUINTA: Que la Cofepris, asesorada por expertos en el tema, cumpla en un corto plazo con la recomendación de la realización de un diagnóstico toxicológico permanente de los riesgos y daños a la salud, por exposición a contaminantes presentes en el río Atoyac y sus afluentes.

SEXTA.- Finalmente como sociedad civil nos mantendremos vigilando y evaluando el actuar de las autoridades, en materia de saneamiento del río y en la reparación de los daños a la población afectada.

¡No hay justicia social, sin justicia ambiental!

ATENTAMENTE

COORDINADORA POR UN ATOYAC CON VIDA

PASTORAL DE DERECHOS HUMANOS- DIOCESIS DE TLAXCALA

CENTRO FRAY JULIAN GARCES, DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO LOCAL AC