Corrupción inmobiliaria luego del sismo del 19S

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de octubre de 2018.- Vecinos que no han podido regresar a sus viviendas después de más de un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 en la delegación Benito Juárez, denunciaron que desde hace un año surgió de entre los escombros la corrupción de lo que llamaron el “cartel inmobiliario”, conformado por las empresas constructoras que se coludieron con autoridades de la Ciudad de México y los estados de México y Jalisco, por haber incurrido en anomalías en edificios mal construidos.

René Rivas, integrante del Movimiento de Unidad y Encuentro Vecinal (mueve) denunció que las constructoras que han invadido zonas del desastre del año pasado, sin respetar el uso de suelo y las debidas normas de construcción, “han generado socavones y hundimientos en las casas aledañas a las que se colapsaron”.

Anunciaron que este jueves marcharán del Hemiciclo a Juárez en la Alameda Central de la Ciudad de México al Zócalo para denunciar la corrupción del ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y su sucesor José Ramón Amieva, que permitieron a permisos de construcción para obras que no cumplieron con las normas de construcción y burlaron el uso de suelo.

Recientemente se difundió (El Universal) una información de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) que en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto invirtió 36 mil millones de dólares en todo el país.

Salvador Daniel Kabbaz Zaga, presidente de ADI, precisó que el monto de la inversión fue 12% mayor al año anterior, que fue de 32 mil mdd, para la construcción de 584 inmuebles que constituyen 65 millones de metros cuadrados. La mayor parte en la Ciudad de México, Jalisco y Estado de México, que son las entidades con mayor desarrollo inmobiliario.

Las tres entidades cuentan con un total de 374 proyectos en el sector de vivienda media, residencial, en renta, centros comerciales y usos mixtos. Otros desarrollos inmobiliarios y plazas comerciales se desarrollaron en las vecinas entidades de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro.

Los principales corporativos de la construcción, mencionados por El Universal, son GICSA, Gigante grupo inmobiliario, Grupo Danhos, Frisa, HIR, Inmuebles Carso, Grupo Posadas, Quiero Casa, Marhnos, Thor Urbana y Walton St Capital, que han detonado la industria de la construcción durante los últimos seis años en todo el país.

Durante el mítin de los airados vecinos, Jimena Ugarte llamó a recurrir a las acciones legales que sean necesarias para proceder en contra del “cartel

inmobiliario”, con acciones colectivas para resolver la situación de sus edificios, porque “si hubo recursos suficientes para rescatar a los bancos con el histórico Fobaproa, tiene que haberlos para el rescate de la vivienda para los damnificados de los sismos del año pasado”.

Las autoridades de la delegación Benito Juárez, que durante los últimos seis años dieron rienda suelta a las constructoras en diversas colonias de la demarcación, recibieron críticas y fueron acusados sus funcionarios de haber incurrido en actos de corrupción en la concesión de innumerables permisos de construcción.

Un grupo de servidores públicos de la demarcación se acercó durante la conferencia de prensa para responder a algunos cuestionamientos, pero salieron a empujores del lugar. El grupo era encabezado por Federico Chávez, secretario particular del delegado, Christian Von Roheric, y el director general de Jurídico y de Gobierno, Armando Ramírez, quienes tuvieron que retornar a sus oficinas sin haber sido escuchados.

René Rivas y Jimena Ugarte denunciaron que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) otorgaron dictámenes positivos de impacto urbano para autorizar mega construcciones, por lo que acusaron de corrupción al delegado y a los demás funcionarios involucrados.

Demandaron la reconstrucción inmediata de sus viviendas, así como la revisión de los edificios colapsados y los daños provocados a otras viviendas que luego de los sismos del año pasado siguen sin poder habitarse, porque no ha habido voluntad política de las autoridades para agilizar los trámites para la reconstrucción.

En Benito Juárez colapsaron 13 inmuebles y 25 más resultaron con daños severos que a la fecha no han sido objeto de reparaciones por la notoria ausencia de las autoridades delegacionales. Los airados vecinos dijeron que esta misma situación se vive en la zona metropolitana de los municipios del Estados de México que resultaron afectados.