México, líder en América por impunidad; solo 2 jueces, por cada 100 mil

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de agosto de 2020. — La Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), a través de su rector, Luis Ernesto Derbez Bautista, presentó los resultados de la tercera edición del Índice Global de Impunidad 2020 (IGI-2020), el cual tiene como objetivo visibilizar en términos cualitativos el problema global de la impunidad y su efecto directo en otros fenómenos globales como: desigualdad, corrupción y violencia.

Cabe mencionar que este IGI-2020 representa el esfuerzo académico internacional más importante para medir los niveles de impunidad en el mundo, a partir de una metodología cuantitativa estructurada desde el análisis de los sistemas de seguridad y justicia, así como el respeto a los derechos humanos.

A partir del primer reporte, publicado en 2015, se ha destacado que medir la impunidad por sí misma es muy relevante, pero que altos índices de impunidad pueden estar interrelacionados con problemas de desigualdad socioeconómica, acceso a la justicia, fragilidad del Estado de derecho, desarrollo económico insuficiente, dificultades para la atracción de nuevas fuentes de inversión extranjera y turismo y, lo que no se puede perder de vista, mayores violaciones a los derechos humanos.

Debido a las altas puntuaciones en México en la dimensión estructural (tanto en el sistema de justicia como el de seguridad), ésta debe de ser una prioridad para el país. México necesita tomar medidas urgentes para reducir los altos índices de impunidad y es vital la necesidad de incrementar el número de jueces.

El IGI-2020 registra como promedio 17.83 jueces por cada cien mil habitantes. En comparación, México cuenta con tan sólo 2.17 jueces por cada cien mil habitantes. Esta cifra contrasta con la del país con menor impunidad: Eslovenia, república europea que registró 42.77 jueces por cada cien mil habitantes. 

Resultados para el mundo

Con la información disponible en 2019 se analizaron 69 países. El IGI-2020 permitió ampliar las unidades de observación total a dos naciones más, aunque se consideran por separado a Escocia e Irlanda del Norte con respecto al Reino Unido. También se incluyeron dos países que generan estadísticas, aunque no son Estados miembros de la ONU: Palestina y Kosovo.

Se integran a esta medición los siguientes países no contemplados en el IGI-2017: Bélgica, Bahréin, Liechtenstein, Escocia, Kosovo, Kirguistán, Belarús, Palestina, Nepal, Guyana, Azerbaiyán, Marruecos y Tailandia.

A pesar de que se adicionaron nuevos Estados al índice, lamentablemente doce casos tuvieron que salir del estudio por irregularidades o inconsistencias significativas en la presentación de la información: Argentina, Australia, Brasil, República Checa, República Dominicana, El Salvador, Filipinas, Granada, Irlanda, Kenia, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

Se integra un país al estudio de África: Marruecos. En Asia-Pacífico ingresaron Bahréin, Kirguistán, Palestina, Nepal, Azerbaiyán y Tailandia. Mientras que se incorporó Guyana en América, y de Europa se incorporaron Bélgica, Liechtenstein, Escocia, Kosovo y Belarús. Esto permitió contar con una muestra más robusta.

En 124 países con membresía en las Naciones Unidas no hay estadísticas suficientes sobre seguridad y justicia que permitan una evaluación comparada. Esto destaca la importancia del concepto de impunidad estadística como componente indispensable del análisis comparado de la impunidad.

Arabia Saudita, China, Indonesia y Sudáfrica se mantienen como los únicos cuatro integrantes del G-20 que no fue posible medir en este índice como consecuencia de la impunidad estadística.

Preocupa que Argentina y Brasil, países con recursos e instituciones importantes, queden fuera del índice, pero se consideran como impunidad estadística al mismo nivel de impunidad muy alta.

Venezuela presenta niveles muy altos de impunidad en todos los sentidos por la crisis democrática por la que atraviesa, así como por altos niveles de violencia e inseguridad, ausencia de Estado de derecho y graves violaciones a los derechos humanos.

El IGI-2020 refuerza la certeza de que en México permanecen niveles muy altos de impunidad debido a carencias que se han señalado repetidamente a lo largo de estos cinco años: un mal desempeño de los sistemas de seguridad y justicia que requieren ser corregido si se desea acabar con la impunidad y la corrupción imperantes en el país.

Para México es necesario tomar medidas urgentes para reducir los altos índices de impunidad. Se requiere dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad y justicia. Estos recursos deben reflejarse en un aumento de sus capacidades humanas, infraestructura y profesionalización.

Finalmente, se puede mencionar que el aumento de recursos a estos sistemas gubernamentales, en los últimos años, no ha tenido una correlación positiva para reducir los niveles de impunidad y violencia en el país, pues la clave del problema está en la corrupción del uso de estos recursos y la falta de supervisión y auditoría del funcionamiento de las instituciones del país en el ámbito nacional y local.