La FGJE logra 82 años de prisión en sentencias por trata de personas
CIUDAD DE MÉXICO, 11 de febrero de 2018.- El seguimiento del caso de Los Porkys, un grupo de jóvenes acusados de abusar sexualmente de una mujer en Veracruz, fue solicitado por un particular ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Ante ello, el organismo ordenó a la Cámara de Diputados informar sobre la resolución de este caso ocurrido en enero de 2015, aunque la denuncia estuvo un año en la Fiscalía estatal.
¿Qué sucedió con el juez, la víctima y los acusados del caso Porkys?, fue el cuestionamiento entre otros siete, de un particular ante el INAI.
Además, también se solicitó conocer sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio; la asignación presupuestal y deudas existentes en universidades del estado de Michoacán; los procesos de investigación en contra de personal de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH); la emisión de leyes para el control de financiamiento en elecciones y partidos políticos; la legislación sobre el derecho humano al agua.
“La información pública puede ayudar a demostrar que los diputados están trabajando para ser un poder legislativo transparente y abierto. Un parlamento abierto se involucra con la sociedad para gestar un diálogo constructivo en busca de las mejores leyes para beneficio de los ciudadanos”, afirmó el comisionado Joel Salas Suárez al presentar el caso ante el Pleno.
Expuso que, en la actualidad, el Poder Legislativo en México, como otras instituciones en el país, enfrenta una crisis de confianza. Agregó que, de acuerdo con el reporte de 2017 del Latinobarómetro, solo 22 por ciento de los mexicanos confía en el Congreso de la Unión.
“La apertura puede colaborar a cerrar la brecha entre ciudadanos y autoridades para mejorar el desempeño de las instituciones y, en consecuencia, ayudar a reconstruir la tan anhelada confianza en las instituciones públicas”, enfatizó el comisionado Joel Salas.
A manera de cuestionamientos, el particular solicitó lo siguiente:
¿Por qué la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y cinco universidades públicas más están sufriendo una crisis económica/financiera y la federación no coadyuva al resarcimiento de la deuda?
¿Por qué el Congreso del estado de Michoacán recortó el presupuesto del año pasado en más de 300 millones de pesos y por qué no hace nada para acabar con el déficit que tiene desde años del ex-rector y ex-gobernador, Jara Guerrero?
¿Por qué no se inicia un proceso de investigación y, en caso de ser afirmativo, de enjuiciamiento en contra de aquellos que han purgado de la UMSNH?
¿Por qué el Congreso de la Unión se esperó hasta que la SCJN emitiera una sentencia obligando la pronta legislación sobre el control de financiamiento en elecciones y partidos políticos?
¿Por qué el Congreso de la Unión no ha emitido ninguna ley conforme al Derecho Humano al Agua?
Informar cómo han sucedido las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.
¿Qué sucedió con el juez, la víctima y los acusados del caso Porkys?
¿Cómo es que el actual Ejecutivo federal financió su campaña, con cuántos recursos y de quién los consiguió?
En respuesta, la Cámara de Diputados se declaró incompetente para atender los puntos 1, 2, 3, 6, 7 y 8 y orientó al particular a presentar su petición ante las instancias correspondientes; respecto de los requerimientos 4 y 5, informó que puede consultar todas las iniciativas de la presente legislatura relacionadas con los temas, así como las estadísticas por origen, periodo legislativo y estatus, para lo cual proporcionó las ligas electrónicas respectivas.
Inconforme, por considerar que el poder legislativo es competente para conocer la información, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI; en alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial.
Sin embargo, el análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez, se determinó que la Cámara de Diputados sí es competente para responder a los cuestionamientos.
Se advirtió que el órgano legislativo cuenta con comisiones ordinarias y especiales entre las cuales se encuentran las de Puntos Constitucionales, Gobernación, Agua Potable y Saneamiento, Relaciones Exteriores, Economía, Hacienda y Crédito Público, Igualdad de Género, Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, Especial sobre la No Discriminación, mismas que se relacionan con los temas enunciados en los primeros siete requerimientos.