PGR deberá transparentar nombres de funcionarios implicados en Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de diciembre de 2018.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer los nombres de funcionarios y ex funcionarios investigados por el caso Odebrecht, así como el de aquellos han sido citados a declarar.

De acuerdo al comunicado INAI/161/18, al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena destacó que conocer los nombres de servidores públicos y ex servidores públicos investigados e involucrados en el caso Odebrecht es de interés de la sociedad porque se relacionan con una carpeta de investigación sobre conductas presuntamente constitutivas de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.

“En la carpeta de investigación iniciada en México obran declaraciones de servidores públicos y ex funcionarios de Pemex, que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública, asignados al conglomerado brasileño, así como a directivos de dicha empresa, incluido su ex presidente”, subrayó.

Ibarra Cadena destacó que este tipo de investigaciones se llevan a cabo en alrededor de 20 países, entre ellos, Brasil, en el que dicha constructora pagó millones de dólares a Petrobras para que se le adjudicaran numerosos y multimillonarios contratos.

“La única forma que tiene la sociedad de constatar los avances de la investigación y de quiénes son las personas involucradas es mediante el conocimiento de dicha información, en este caso, los nombres de los funcionarios y ex servidores públicos presuntamente implicados”, enfatizó.

A su vez, el comisionado presidente del INAI consideró indiscutible el interés público por saber los nombres de funcionarios y ex funcionarios involucrados en la investigación del caso Odebrecht y se pronunció a favor de que la PGR cumpla esta resolución y la emitida el pasado 2 de octubre por el Pleno, en la que se le ordenó dar a conocer las actuaciones de los agentes del Ministerio Público Federal a cargo de la averiguación.

“Esperamos que los nuevos titulares (de la PGR) naturalmente, conforme a derecho corresponde, acaten esta instrucción del INAI, la que está pendiente y otras que se vengan acumulando, con independencia, desde luego, de lo que ellos quieran hacer valer desde su lógica interpretativa”, puntualizó.

El comisionado Joel Salas Suárez planteó que la apertura de información no representa una afectación al debido proceso y recordó que en el caso mexicano no ha habido una sanción real en términos administrativos y penales de funcionarios públicos.

“Si no se conocen las actuaciones del Ministerio Público ni los funcionarios que en determinado momento ya fueron llamados a dar su parte, cómo hacemos que se detone un proceso real de rendición de cuentas, ante un caso que ha conmocionado la opinión pública no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional”, aseguró.

El comisionado Oscar Guerra Ford indicó que las resoluciones del Pleno relacionadas con el caso Odebrecht se han emitido bajo la línea de que, en este tipo de acontecimientos, se puedan esclarecer las actuaciones de la autoridad encargada, sin entorpecer la investigación o delimitar el debido proceso.

“En el INAI somos conscientes de que no se quiere afectar ninguna de estas investigaciones; al contrario, nos gustaría que estas investigaciones pudieran concluir y se pudiera conocer lo que sucedió, y si hay funcionarios o diversas personas que cometieron actos ilícitos, si fuese el caso, no lo puedo presumir, pues obviamente se le sancione en términos de derecho”, explicó.

En respuesta al particular que solicitó conocer los nombres, la PGR señaló la carpeta de investigación del caso se encuentra en trámite, por lo que la reservó la información, argumentando que su difusión menoscabaría las facultades de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación.

Inconforme con la reserva de los datos, el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que la información debe ser proporcionada porque se trata de un caso de interés público.

En alegatos, la PGR reiteró la clasificación de los datos

Sin embargo, en el análisis del caso, a cargo de la comisionada Ibarra Cadena, se determinó que es de interés público conocer los nombres de los funcionarios o ex funcionarios públicos investigados y el de los que han sido citados a declarar, pues se vinculan con una averiguación iniciada por presuntas responsabilidades cometidas en el ejercicio de sus funciones.

Tras aplicar la prueba de interés público, se advirtió que la difusión de los nombres permitiría a la sociedad conocer los avances de la carpeta de investigación, evaluar el desempeño de la PGR e, incluso, propiciaría que cualquier persona que tuviera conocimiento de los imputados, pudiera colaborar con las diligencias ministeriales, aportando pruebas o testimonios.

Asimismo, se verificó que el ejercicio del derecho de acceso a la información es la única vía para que cualquier persona conozca los nombres de funcionarios y ex funcionarios involucrados, así como para rendir cuentas del actuar de la autoridad encargada de la investigación y persecución de conductas delictivas relacionadas con la adjudicación directa de contratos millonarios para obra pública a la empresa brasileña.

Finalmente, se concluyó que la difusión de los nombres en cuestión favorece el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de la PGR, en este caso, de la investigación de hechos posiblemente constitutivos de los delitos de cohecho y enriquecimiento.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI determinó modificar, por mayoría, la respuesta de la PGR y le instruyó proporcionar los nombres de funcionarios y exfuncionarios investigados por el caso Odebrecht, así como el de aquellos han sido citados a declarar.

Con el propósito de proteger las actuaciones del Ministerio Público Federal, se determinó procedente la reserva de los nombres  sólo de aquellos servidores públicos, cuyo testimonio se encuentre relacionado con alguna línea de investigación pendiente o que no hayan sido notificados de la averiguación iniciada en su contra.