FGJ capacita a servidores del Tribunal Electoral en perspectiva de género
MORELIA, Mich., 12 de julio de 2018.- Pese a todas las expectativas de la defensa, esta miércoles el Tribunal de Enjuiciamiento declaró que existen suficientes elementos probatorios para considerar como culpable de homicidio calificado de tres jóvenes a Juan Carlos Arreygue Núñez, ex alcalde de Álvaro Obregón.
Al que fuera alcalde por el Partido del Trabajo (PT), se le consideró como culpable de la muerte de Braulio S., Sergio L., y Ricardo G., asesinados en el rancho de El Zacatito, propiedad del acusado y cuyos cuerpos fueron hallados parcialmente calcinados en un predio agrícola en Cheguayo, municipo de Cuitzeo.
La responsabilidad de la muerte de los otros seis hombres y el menor de edad, Gustavo, correspondió al resto de los acusados, los cuatro policías municipales, circunstancias que, según dijo el juez primero relator, Noé Reyes, les valió el agravante solicitado por el Ministerio Público.
Después de casi dos años de prisión preventiva oficiosa y ocho meses de audiencias del juicio oral, este miércoles es por mucho el día más importante en la vida de 18 familias, tanto de víctimas indirectas como acusados, además de los varios ministerios públicos y abogados victimales que, de un modo u otro, conocieron del caso.
La sentencia no es definitiva. El resultado de dos años de investigación y litigación puede o no admitirse y controvertirse, y eso lo sabe Juan Carlos Arreygue Núñez, quien sin dejar de evidenciar su sorpresa se mostró tranquilo, atento a las reacciones de su esposa e hijos. Nunca perdió la compostura. Tampoco las familias de los 10 jóvenes.
Afuera de la sala 7, del Poder Judicial de Michoacán, sentado sobre la duela, el hijo mayor de Arreygue Núñez no logró mantenerse en sobriedad, como indicó el juez presidente Manuel Padilla. El sentimiento de saber el resultado de gastar en abogados y la cárcel de su padre menguó su estado de ánimo. Coraje, rabia y dolor se notaban en su mirada.
En el supuesto de que la sentencia no sea apelada por Ignacio Mendoza, aún queda pendiente una materia: Marco Antonio Flores Jiménez, policía ministerial a quien, recordó el juez relator, le sigue su calidad de imputado y de quien hasta ahora se ignora haya cubierto con la reparación del daño de los 10 asesinados, aquella noche del 29 de julio de 2016.