CHILPANCINGO, Gro., 21de abril de 2019.- Este sábado se cumple un año del allanamiento con violencia a las oficinas de Quadratín Guerrero en Acapulco, tiempo en el que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos Contra Periodistas del estado no ha desarrollado ninguna investigación seria ni comprometida para dar con los responsables.

El gobierno federal, a través de la ahora Fiscalía General de la República (FGR), ha hecho caso omiso a la exigencia de Quadratín Guerrero, quien le solicitó que atrajera el caso.

La noche del jueves 19 y la madrugada del viernes 20 de abril de 2018, personas desconocidas ingresaron a las oficinas de la Agencia Quadratín Guerrero y sustrajeron documentos e información interna de la Dirección y la Administración.

El director Ricardo Castillo Díaz presentó una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público y tres días después, acompañado de una treintena de periodistas de Chilpancingo, acudió a las instalaciones de la entonces delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar que la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), llevara el caso y que la Fiscalía General del Estado (FGE) no asumiera el hecho como un delito del fuero común.

No obstante, la entonces PGR se negó a atraer el caso con el argumento de que el delito debía permanecer en lo local, para que los afectados desistieran de la supuesta investigación que realizaría la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos contra Periodistas del estado.

Fue hasta el 12 de septiembre del 2018, en que la Fiscalía Especial para la Atención a Periodistas del estado tomó interés en la investigación y citó en esa fecha, al director Ricardo Castillo para ampliar la declaración.

Desde esa fecha, la titular de la Fiscalía Especial para la Atención a Periodistas del estado, Rigoberta Román Orea, no ha informado nada sobre la investigación, y la FGR no ha atraído el caso.

A un año del crimen, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de la Secretaría de Gobernación tampoco ha cumplido con todas las medidas cautelares para la Agencia, cuya demanda es que las autoridades investiguen el allanamiento como un atentado a un medio de comunicación, debido a que fue sustraído material fotográfico e informativo de los años 2015 a 2017.