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Sin mayor discusión y por mayoría de votos los legisladores locales avalaron la propuesta presentada por el PAN que “retira” el fuero al Gobernador, legisladores, magistrados y titulares de organismos autónomos, pero no aplica a quienes están en funciones
TLAXCALA, Tlax., 14 de Agosto de 2018.- A 14 días de que concluyan sus funciones, sin mayor discusión y por mayoría de votos, integrantes del Congreso del Estado aprobaron “retirar” el fuero constitucional al Gobernador, legisladores locales, magistrados del Poder Judicial y al titular de la Comisión de Derechos Humanos (CEDH).
Sin embargo acordaron la medida no aplicará a los diputados en funciones, ni al Gobernador actual ni a los Magistrados, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, sino que aplicará .
Fue en la sesión de este martes que el panista Juan Carlos Sánchez García, presentó la iniciativa para derogar el artículo 107 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala que impedía someter a juicio político al mandatario estatal, los magistrados y el ombudsman local.
Así establecieron que el juicio político rocede contra los diputados, el Gobernador del Estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los titulares de las Secretarías del Poder Ejecutivo, de la Procuraduría General de Justicia, de la Oficialía Mayor, del Órgano de Fiscalización Superior y de las Coordinaciones y los Organismos que integran la Administración Pública Paraestatal,
Así como para los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, así como contra los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el Secretario General de éste, en contra de los jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de los presidentes municipales y los integrantes de los ayuntamientos de los municipios del Estado, y contra los titulares de las secretarías o despachos de las presidencias municipales, por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.
La propuesta del Decreto se turnó a los ayuntamientos en espera de que al menos 31 de los 60 ayuntamientos la validen y de esta manera pueda ser aprobado y se publique para que entré en vigencia.