Pide diputada de Morena comparecencia de titular de PGR por caso Duarte

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de octubre de 2018.- La diputada federal de Morena, Lorena Villavicencio, informó que presentó un punto de acuerdo ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, para que se llame a comparecer al encargado de despacho de la Procuraduría General del la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, para que explique los pormenores de la sentencia dictada a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.

“A los diputados de Morena y otras fracciones, nos interesa muchísimo que comparezca en los próximos días el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán para que esclarezca el contenido del convenio que realizaron la institución que encabeza, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y el ya sentenciado ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte”, indicó.

En conferencia de prensa desde el recinto legislativo de San Lázaro, Villavicencio acusó que Elías Beltrán de actuar como defensor de oficio del ex gobernador veracruzano; reiteró que sospechan sobre lo que llamó, “negociaciones oscuras” entre la SHCP, la defensa de Duarte y la propia PGR.

Al respecto, la morenista argumentó que las sospechas del caso se derivan de la omisión de la PGR a las denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso de la revisión de las cuentas públicas 2011- 2015, en la que se detectó un sobre endeudamiento y daño patrimonial al estado de Veracruz; dicha omisión provocó que los delitos por los que originalmente estuvo acusado, tuvieron que reclasificarse y así logró la sentencia de todos conocida.

“Existen diversas irregularidades en el proceso penal contra Duarte, por parte de la PGR, porque ésta fue omisa en atender las denuncias que el Departamento Jurídico de la ASF presentó en su contra por presuntos desvíos de diversas dependencias durante su primer año de gobierno.

Dichas omisiones provocaron que no se pudiera comprobar el delito de delincuencia organizada y, ante la dificultad de configurarlo, determinó reconfigurar el delito por los de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, detalló.

Refirió que las omisiones y reclasificación de los delitos, además de que la PGR no conformó un caso con elementos sólidos, permitieron que se usara la figura de terminación anticipada del procedimiento penal prevista en el artículo 20 de la Constitución, que, entre otras cosas, al reconocer la responsabilidad del imputado, se le otorgan beneficios que dispone la ley.

En el caso de Javier Duarte, el beneficio fue la irrisoria sentencia de nueve años de prisión, el decomiso de 41 inmuebles relacionados con las operaciones ilícitas, y el pago de una multa por 60 mil pesos.

“La PGR actuó más como el defensor de oficio de Duarte y hay que cuestionar al encargado de despacho el porqué no lograron articular una acusación sólida, cuando había muchas pruebas y elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada”, aseveró.