Ponen diputados a discusión remuneraciones ilícitas de funcionarios

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de septiembre de 2018.- En la sesión de este jueves los diputados discutirán y se prevé que aprueben, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución y se refiere a la regulación de los salarios de funcionarios; y contempla ajustes al Código Penal Federal para sancionar las remuneraciones ilícitas que éstos reciban.

La minuta que fue enviada por el Senado a San Lázaro desde noviembre de 2011, se refiere a los funcionarios federales y establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la del Presidente de la República, ni de sus superiores jerárquicos, a menos que se justifique.

Con esta ley se busca regular las remuneraciones totales anuales de los funcionarios en la Cámara de Diputados; el Senado de la República; la Auditoría Superior de la Federación; la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Consejo de la Judicatura Federal; el Banco de México; el Tribunal Federal Electoral; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el INEGI.

A los funcionarios de los organismos públicos descentralizados de la Federación, las universidades, y cualquier otro ente público de carácter federal descentralizado o autónomo independiente de los poderes de la Unión.

El proyecto menciona que los tabuladores de remuneraciones mensuales establecerán los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos, las cuales deben incluir la totalidad de pagos fijos en efectivo y en especie, así como las prestaciones del funcionario.

Asimismo, los ajustes al Código Penal Federal contempla sanciones para los servidores públicos que infrinjan la norma, así como la presentación de denuncias ante órganos internos de control y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Entre otras penalizaciones, prevé imponer destitución o inhabilitación de seis meses y hasta cuatro años para desempeñar otro cargo público; además de las responsabilidades administrativas y políticas de los servidores públicos que incumplan la ley al recibir pagos indebidos, se les fincará el delito de remuneración ilícita.

“A quien reciba pagos excesivos, y que no pase de 500 veces el salario mínimo vigente, serán penalizados con tres meses y hasta dos años de prisión; y con multas de 30 y hasta 300 veces el salario mínimo”, señala el documento.