Concluyen expedientes parlamentarios con seis meses de retraso

La mesa permanente dio a conocer dos procesos de reforma constitucional, en uno ayuntamientos no aprobaron cambio para presentar cuentas públicas cada mes

TLAXCALA, Tlax,. 7 de junio de 2019.- Con seis meses de retraso la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) desahogó dos expedientes parlamentarios que no había sido concluidos; por un lado la no aceptación de los ayuntamientos para que las cuentas públicas fueran presentadas cada mes y por otro la aceptación de la protección de la primera infancia en el estado.

Ambos temas fueron abordados en la mesa permanente donde se dio a conocer que el secretario parlamentario, en ese momento, Melecio Domínguez Morales informó que 50 ayuntamientos de los 60 no aprobaron la reforma al inciso A) de la fracción XVII del artículo 54, la fracción IX del artículo 70, la fracción XII del artículo 80 y el artículo 92 de la Constitución política del Estado, la cual buscaba reformas para que los ayuntamientos entregaran sus cuentas públicas cada mes y no cada tres meses como actualmente sucede.

De esta forma los ayuntamientos que aprobaron dicha iniciativa fueron Amaxac de Guerrero, San José Teacalco, San Lorenzo Axocomanitla y Sanctórum de Lázaro Cárdenas; mientras que Atltzaynca, Coaxomulco, Hueyotlipan, Ixtenco, La Magdalena Tlaltelulco, San Damián Texóloc, Santa Apolonia Teacalco, Teolocholc, Tzopantepec y Xaltocan no remitieron su acta de cabildo correspondiente en tiempo y forma por lo que se informó que aprobaron dicha iniciativa; el resto no la aprobaron.

En el caso de la protección a la primera infancia fue aprobada por los ayuntamientos de Santa Catarina Ayometla, Santa Ana Nopalucan, Santa Cruz Quilehtla, Terrenate, San Juan Huactzinco, Acuamanala, San Lucas Tecopilco, Lázaro Cárdenas y el Carmen Tequexquitla, no obstante el resto no remitieron respuesta negativa por lo que se entiende que fue aprobada de ahí que se concretó la reformara al artículo 19 y se agregara uno19 bis en la Constitución Política del Estado para concretar la protección.