Usan playera de Santa Muerte para polémica en Senado
TLAXCALA, Tlax., 22 de mayo de 2019.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara la primera acción del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, sería la incautación de un departamento de lujo que se valúa en 20 millones de pesos y que pertenecía a la activista Rosi Orozco, la diputada federal del PAN, Adriana Dávila Fernández, expuso que ya ha realizado una investigación antes de la llegada de AMLO en la que se demuestra toda una red de corrupción tejida por la activista y su esposo, quienes se han hecho de inmuebles costosos y que de acuerdo al presidente, estarán prontos a incautarse.
En entrevista para sin embargo.mx, Dávila Fernández, expuso que es de vital importancia que el caso de Rosi Orozco y sus activismos contra la trata de personas, vuelva a ser abierto, ya que no solo se tratan de inmuebles de los que se hicieron ilícitamente, sino que también hay actos de extorsión, e impunidad: “una casa no se quita así porque sí”, señaló.
En dicha investigación impulsada por la diputada tlaxcalteca, se da a conocer que la supuesta activista, recibió dinero injustificado de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Miguel Ángel Mancera, en los que además se presumen apoyos políticos y regalo de bienes inmuebles.
Rosi Orozco y su familia, tienen al menos 11 millones 524 mil pesos en cinco inmuebles que el Sistema de Administración de Bienes (SAE), le otorgó a sus fundaciones; recibió entre 2015 y 2017 contratos por 13 millones 930 mil 333 pesos, la mayoría por adjudicación directa, y 16 millones 071 mil 861 pesos de donaciones internacionales: “es un tema que se tiene que revisar a fondo, porque no solo tiene que ver con la señora, sino con lo que está haciendo en materia de trata de personas en este país, qué combate se está haciendo”, declaró la diputado para el medio nacional.
La investigación que la diputada panista realizó desde la Comisión Contra la Trata de Personas, le fue entregada al entonces secretario de gobierno Miguel Ángel Osorio Chong, sin tener la repercusión esperadas.
Dávila Fernández, expuso que en el gobierno de AMLO no se tiene que caer más en la impunidad, por lo que se debe ir “un poco más allá” de los inmuebles incautados, ya que Rosi Orozco fue una figura utilizada políticamente y electoralmente: “se debe de explicar el mecanismo que uso la señora Orozco de ser el aval de todos los gobiernos en materia de trata de personas…este gobierno federal no se puede quedar con el plauso”, sentenció.