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Leticia Hernández Pérez, consideró que el programa se debe fortalecer y no desaparecer; necesario un estricto control en entrega de recursos.
TLAXCALA, Tlax., 16 de febrero de 2019.- La diputada panista Leticia Hernández Pérez, propuso que se audite el programa de estancias infantiles, además de castigar a quienes hayan cometido actos de corrupción e integrar un nuevo padrón y establecer un control estricto en la entrega de recursos a beneficios.
Recordó que desde el 2007 fue puesto en marcha el programa de estancias infantiles para atender a un sector de padres de familia que tienen la necesidad de trabajar, y por ello de que los infantes sean atendidos por personal especialista.
A nivel nacional hasta 2018 estos lugares atendían a 329 mil 750 menores de seis meses a cuatro años de edad en mil 296 municipios en el país; mientras que en el estado existen 227 estancias donde atiende a 7 mil 298 beneficiarios, de ellos, tres mil 220 sin niñas y cuatro mil 88 son niños, además 71 con discapacidad, sumado a que el recurso llegaría a madres solteras quienes adaptarían sus casas para dar atención a los menores.
Sin embargo el programa señalaba la necesidad de que contara con un programa de protección civil, una póliza de seguro contra accidentes, pólizas de seguros para responsabilidad civil, extintores, detectores de humo, salida de emergencia, también deberían contar con asistentes responsables capacitados con estándares de competencias y brindar tres alimentos saludables al día; además deberían contar con filtros a la entrada y salida del inmueble.
Tras señalar que no es un posicionamiento de partido, dijo es necesario revisar la forma en cómo se puede perfeccionar el programa, pues si bien no están excentos de actos corrupción, “pero si existen que se castiguen a las personas responsables y no a los infantes, ni padres de los menores.
Sin embargo aseguró que la entrega de mil 600 pesos cada bimestre a los progenitores es una alternativa y sea invertido para el sano desarrollo de los menores y confió no quede en el pago de renta, servicio u otra actividad que no sea para el desarrollo de los niños y niñas.