Se manifestaron frente al Palacio de Gobierno y pidieron audiencia para presentar quejas contra irregularidades en la SEPE.

TLAXCALA, Tlax,. 3 de julio de 2019.- Un grupo de 11 supervisores y jefes de sector se manifestaron en el Palacio de Gobierno para exigir una audiencia con el mandatario estatal y dar a conocer lo que llamaron irregularidades de la directora de Educación Básica de la Unidad de Servicios Educativos del estado de Tlaxcala (USET) Reyna Maldonado Hernández, además de falta de apoyo y deficiencias para la operación de su trabajo, así como de supuestas remociones arbitrarias.

Encabezados por la docente Aurora Ramírez Sánchez, este grupo de inconformes dio a conocer que esta situación afecta a 53 supervisores y 9 jefes de sector que conformar el nivel de primarias de la USET, por lo que se manifestaron en la sede del Poder Ejecutivo local, para entregar un oficio al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, exponerle la problemática que padecen y pedir su intervención.

“Le solicitamos su intervención a efecto de que se puedan resolver los planteamientos que de manera repetida hemos venido haciendo al doctor Camacho Higareda, secretario de Educación Pública y a la maestra Reyna Maldonado Hernández directora de Educación Básica”.

Los docentes inconformes, se sumaron para acrecentar este día el clima de reclamos y tensión en la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), luego del desalojo que se hiciera esta mañana del grupo de docentes integrados a la Delegación D-III-I de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que encabeza como secretaria general Wendolyne Amaro Ramírez, que por más de cuatro semanas mantuvieron retenidas estas instalaciones.

Ramírez Sánchez con un grupo de 11 compañeros que integraron esta comisión de supervisores y jefes de sector, reclamaron que la problemática que tienen se encuentra agrupada en cuatro rubros.

El primero señaló, es la falta de planeación y organización de áreas vinculadas al nivel al que pertenecen, lo que señalaron ocasiona empalmes de actividades e indicaciones a última hora, que dijo genera malestar en los docentes y directivos como estructura educativa, así como los padres de familia, según expuso.

El segundo punto, un supuesto incumplimiento de la descarga administrativa, que desde el gobierno federal se insiste y que advirtió no se le ha dado cumplimiento en el estado, donde explicó hay una saturación de documentos y procedimientos administrativos, que tienen a la estructura desde docentes, directores, jefes de sectores y supervisores ocupados en tareas administrativas y limitados a trabajar en sus actividades pedagógicas.

El tercer rubro, generar las condiciones mínimas para la operación de las supervisiones y jefaturas de sector, ello dijo, por falta de personal tanto de apoyo técnico pedagógico, personal administrativo, que según refirió trabajan en locales prestados y arrendados, sin servicio de internet, telefonía, porque denunció la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) no lo paga.

Además destacó, hay ocasiones que no disponen de servicios sanitarios, ni agua potable, en sus centros de trabajo en los nueve sectores de la entidad, condiciones que expuso son precarias donde están operando, además de la falta de insumos y recursos humanos, indicó.
El cuarto punto, dijo piden respeto a las atribuciones que como representantes escolares tienen, porque señaló la Ley general de educación dice que los supervisores, directores y jefes de sector son autoridades escolares con atribuciones específicas y que en muchas ocasiones, no son tomadas en cuenta.

Además de reclamaron, existe la supuesta remoción arbitraria de la SEPE cuando sus compañeros son acusados por los padres de familia de abusar de su autoridad, sin una investigación sería que deslinde responsabilidades y que demuestre si la acusación tiene sustento, pero que agregó “la Secretaría para evitarse conflictos los remueve de manera inmediata, son atentados contra los derechos de estas autoridades”.

Finalmente, la representante de los supervisores y jefes de sector Aurora Ramírez Sánchez, dijo no tener cifras de todos los casos de remoción arbitraria que han padecido, pero que en este último momento tienen tres casos sin investigación de los hechos, sin reubicación, ni atención al asunto, puntualizó.