El abandono y los conflictos indígenas

Morelia, Mich., 7 de abril, 2017.- Por distintas razones y circunstancias, las comunidades indígenas en Michoacán son complejas, particularmente la etnia purépecha. Detrás de todas sus demandas siempre saldrá a relucir el abandono, la marginación, el despojo y el abuso. No es sencillo lograr acuerdos, ni tampoco es fácil convencerlos cuando llegan a cometer errores.

En todo conflicto los pueblos indígenas se dividen, pero cuando alguien agrede a uno de los pueblos se unen, por la sencilla razón de que se sienten vulnerables, porque a los mestizos no nos ha quedado claro que ellos tienen su propia idiosincrasia, y que por encima de cualquier ley prevalecen los usos y costumbres.

Lo ocurrido en Arantepacua parte de un conflicto agrario, por la disputa de aproximadamente 500 hectáreas con Capacuaro. En toda la zona purépecha hay más de 50 problemas por límites de tierras, y la mayoría son ancestrales. No importa que haya habido resolutivos presidenciales, finalmente vuelven a resurgir los problemas. Pero así como Capacuaro está en pleito con Arantepacua, tras el enfrentamiento con policías estatales, la comunidad de Capacuaro apoya a su vecino, con quien tiene profundas diferencias.

Nahuatzen, vecino pueblo de Cherán, tiene características muy especiales: el 85 por ciento de su población vive en pobreza. Los conflictos políticos son a muerte, porque cualquier oportunidad de conseguir un empleo no se desperdicia. Hay priistas, perredistas, y muchos son del Movimiento Ciudadano. Hace apenas año y medio, cientos de personas mantuvieron la presidencia municipal tomada, porque no aceptaban el triunfo del perredista Miguel Prado Morales.

Se estima que el crimen organizado tiene presencia en esta zona indígena, donde la delincuencia ha aprovechado las condiciones de marginación para jalar a los jóvenes; pero también tiene fuertes liderazgos magisteriales precisamente en Arantepacua y Turícuaro, donde los normalistas de Cherán han escondido decenas de vehículos retenidos.

Esto explica porque el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que agrupa a más de 30 comunidades originarias, demandó al gobierno estatal alto a la represión y criminalización de los pueblos. Advirtieron que iniciarán una serie de movilizaciones y cancelarán la instalación de casillas electorales en los próximos comicios de 2018, además de la expulsión de todos los partidos políticos.

A través de un comunicado firmado por autoridades comunales de Caltzontzin, San Felipe de los Herreros, Cocucho, Zirahuén, Pichátaro, Apo del Rosario, Santa Fe de la Laguna, Huecorio, San Ángel Zurumucapio, Zopoco, Carapan, Pamatácuaro, Sicuicho, Cuanajo, Sevina, Urapicho, Corupo, Jicalán, Rancho Seco, Tomendán y Tahuejo, indicaron que el asesinato de tres comuneros en la comunidad de Arantepacua el pasado 5 de abril “es un crimen de Estado, son ejecuciones extrajudiciales planeadas, supervisadas y ejecutadas por el Estado mexicano, en particular por el gobierno de Michoacán.

“Han allanado y saqueado casas en la comunidad sin ninguna orden judicial, golpeando a mujeres, ancianos y niños sin contemplación alguna. Para cubrir su crimen, han montado un escenario mediático en el que criminalizan a toda una comunidad e intentan dividir y hacer pelear a los pueblos originarios”.

La única solución es el diálogo y llegar a acuerdos con el gobierno. El uso de la fuerza pública no frenará los bloqueos ni la retención de vehículos. Es lo único que tienen a la mano para ser escuchados, y para recordarles a los gobiernos que siguen en el abandono.