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CIUDAD DE MÉXICO, 25 de abril de 2018.- En penúltima sesión ordinaria, el Pleno del Senado de la República aprobó un nuevo marco normativo para la regulación de la seguridad privada como auxiliar de la función de la seguridad pública en materia de prevención del delito.
En votación nominal, se avaló el dictamen con 57 votos a favor, 36 en contra tres abstenciones, el cual tiene como propósito poner orden en el sector de seguridad privada que presten los particulares en México y que cuenten con autorización.
Según la Comisión de Seguridad Pública del Senado, actualmente hay alrededor de seis mil empresas que prestan servicios de seguridad privada. Sin embargo, únicamente tres mil 640 empresas de seguridad privada se encuentran debidamente acreditadas.
De las empresas acreditadas, mil 232 cuentan con permiso federal, y dos mil 408 tienen permisos locales; se ha detectado que más de dos mil 300 empresas operan sin registro y sin personal certificado.
Este sector aporta el 1.4 del PIB nacional, y laboral alrededor de 500 mil elementos. Se prestan 300 mil horas de vigilancia diaria, auxiliar de la certidumbre, y de la seguridad pública. De ahí la importancia de homologar no sólo los requisitos, sino también el trabajo de capacitación y de derechos por parte de los trabajadores.
Al fundamentar el proyecto de decreto que reforma los artículos 150, 151 y deroga el 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y expide la Ley General de Seguridad Privada, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Ernesto Gándara Camou, destacó que la iniciativa ha sido producto de foros, reuniones con académicos, cámaras empresariales, de la seguridad privada, asociaciones interesadas, y de los trabajadores y sindicatos.
“Tenemos que garantizar no sólo la capacitación, sino también la seguridad de los trabajadores, en este caso de la seguridad privada”, subrayó el senador del PRI desde tribuna.
De acuerdo al dictamen aprobado, se hace referencia a la descripción del contenido de la Ley General de Seguridad Privada, a través de la regulación de la seguridad privada, al definir la distribución de competencias y la base de coordinación entre la Federación y las entidades federativas en la materia.
Entre las atribuciones que tienen las entidades destacan: formular, conducir y evaluar la política estatal, así como elaborar de manera coordinada con la Federación programas en materia de seguridad privada; y expedir conforme a sus respectivas atribuciones, y de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, las cédulas de identificación de personal inscrito ante el Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, dentro del estado que se trate.