Aprueban senadores del PRI Guardia Nacional pero con mando civil

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de febrero de 2019.- Sí queremos una Guardia Nacional siempre y cuando se tenga un mando y una naturaleza inequívocamente civil, con respeto a los derechos humanos y tratados internacionales de los que México es parte y no vulnere la soberanía de los estados ni municipios, reiteraron en su postura los senadores del PRI.

Debe ser una institución bajo un régimen operativo y disciplinario a cargo de autoridades civiles, sometida a un control jurisdiccional estrictamente civil con rendición de cuenta que el resto de las autoridades públicas del Estado mexicano, señaló la dirigente nacional del partido y senadora Claudia Ruiz Massieu.

Para el tricolor es fundamental que la actuación de este cuerpo de seguridad esté bien definido y por ello pretenden que también se analice y se incorpore al dictamen el alcance de la legislación secundaria en esta materia. Como oposición, consideran la obligación de plantear alternativas y por ello el grupo parlamentario del tricolor ha venido trabajando en propuestas concretas para modificar y mejorar el proyecto en materia de Guardia Nacional.

A partir de esto, definieron los criterios que estarán planteando este lunes en el seno de la reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, para el análisis y deliberación de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución, en materia de Guardia Nacional.

Otro de los ejes rectores a los que se inclina la postura de la bancada del PRI es la generación de una base de datos nacional con equilibrio en la contribución y acceso a la información para todos los niveles de gobierno, un registro nacional de detenidos y una ley para el uso de la fuerza.

Además, asegurar que la Guardia Nacional tenga contrapesos y esté sujeta al control parlamentario, es decir, que el Poder Legislativo pueda vigilar y coadyuvar en la consecución de este cuerpo de seguridad. También definir el régimen de responsabilidad del personal adscrito, establecer la desincorporación de los institutos armados y adscribirlos con carácter de servidores públicos y sujetos al fuero y control jurisdiccional civil.

Que haya un régimen transitorio que prevea por un lado participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública con apego a estándares internacionales, particularmente los emitidos por la Corte Internacional de los Derechos Humanos y un compromiso claro para emitir una legislación secundaria y reglamentaria con la participación de otras fuerzas políticas.

Con el ánimo de construir y sumar, el coordinador parlamentario Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que su bancada está en la disposición de darle al Estado las instituciones que requiere para abatir los retos en materia de seguridad, pero también de fortalecer el Estado constitucional y democrático de derecho.

Tras cinco días de parlamento abierto con académicos, víctimas, colectivos, expertos y organizaciones de la sociedad civil, los priistas pugnarán por modificar el dictamen ya que adelantaron que no acompañarán la minuta que recibieron de la Cámara de Diputados al plantear deficiencias en materia de derechos humanos, federalismo, convencionalidad y constitucionalidad.