Avalan diputados sanciones a empresarios vinculados con huachicoleo

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de abril de 2019.- El Pleno de la Cámara de Diputados avaló con 450 votos a favor el dictamen por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, con lo que se busca prevenir y combatir este tipo de ilícitos.

El dictamen, que fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece que en los casos donde exista la presunción de la comisión del delito de comercialización de combustible robado, el conocido huachicoleo, por parte de un franquiciatario, asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, se impondrá como sanción el decomiso en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la inhabilitación para solicitar un nuevo permiso para la realización de dicha actividad por un período que irá de los tres meses y hasta 15 años.

En tanto, si el sujeto comete el mismo delito, pero sin ser empresario del ramo (franquiciatario, asignatario, contratista, permisionario o distribuidor) la sanción a la que se hará acreedor será, la inhabilitación temporal para solicitar un permiso para comercializar hidrocarburos, por un período de tres meses a ocho años.

Asimismo, el documento establece que, el juez de control podrá solicitar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la suspensión temporal del permiso y, en su caso, la interrupción del o los procedimientos iniciados para el otorgamiento de algún permiso de las actividades reguladas por el Título Tercero de la ley de Hidrocarburos, a petición del Ministerio Púbico o cuando lo considere procedente.

De igual forma, aquellos que cometan este ilícito quedarán evidenciados en una especie de lista negra que la CRE deberá publicar en su página oficial, donde estarán aquellas personas, físicas o morales cuyo permiso o procedimientos se hubieran suspendido definitivamente con motivo de una sentencia ejecutoria.

Además, como medida de prevención los titulares de permisos de distribución y transporte de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, tendrán la obligación de incorporar un sistema de geoposicionamiento, una especie de localizador, en todas las unidades vehiculares utilizadas en el desarrollo de sus actividades.

Durante la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, la panista María del Pilar Ortega, señaló que en los últimos meses el robo de hidrocarburos o huachicoleo, ha sido de los que más se han visibilizado, pero que, además, afecta directamente a las finanzas del Estado.

“Ha creado un mercado paralelo al que está legalmente establecido y se ha enraizado en la cultura popular del país, al grado de que palabras como huachicol o huachicolero ya son parte de la conversación cotidiana y un tema permanente en la agenda pública nacional”, indicó.

Recordó que este problema no es nuevo en el país, pero que en los últimos años ha crecido de manera exponencial, pues de acuerdo con estimaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante los últimos 10 años el robo de hidrocarburos aumentó en 868 por ciento.

La legisladora explicó que hace 10 años se detectaba una toma clandestina diaria, y actualmente son 20; además, entre 2013 y 2017 se descubrieron 28 mil 76 en el país, en contraste con las encontradas en 2018 que ascendieron a 12 mil 581, “tan sólo las de 2018 representan poco más del 40 por ciento de las reportadas en cuatro años”.

Ortega Martínez detalló que el robo de hidrocarburos ha diversificado sus métodos y alcances, donde una de las actividades ilícitas que han surgido como consecuencia, es la compra de expendedores que adquieren grandes cantidades de combustible robado a un precio menor, afectando así a la industria legalmente establecida y al erario público. Afirmó que el desarrollo de las distintas actividades que forman parte de las áreas estrategias de la nación, como compra, enajenación, comercialización o negociación de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos, ameritan especial protección jurídica, porque su adecuado ejercicio constituye un área fundamental no sólo para la economía, sino para la seguridad nacional.

“Las modificaciones (a la legislación) significan una medida de apoyo a la labor investigadora de la Fiscalía General de la República y que cuente con más herramientas para integrar evidencias contra quienes comenten estos ilícitos, y coadyuvar a desincentivar el crecimiento de este fenómeno delictivo”, puntualizó.