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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de enero de 2022.- Crimen organizado, impunidad, corrupción y colusión entre autoridades y grupos delictivos, además del incumplimiento de las obligaciones que tienen municipios y estados en la materia, y la falta de cultura sobre la importancia que tiene la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, son los factores que generan las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
De un universo estimado de 203 mil 700 periodistas y 39 mil organizaciones de la sociedad civil, se encuentran incorporadas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mil 506 personas, de las cuales: 495 son periodistas (136 mujeres y 359 hombres); y mil 11 son activistas (543 mujeres y 468 hombres), según el informe Agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, del Gobierno de México.
El documento destaca que el inicio de la actual administración se encontraban incorporadas 798 personas. A la fecha se han adherido al mecanismo 708 personas más, lo que equivale a un incremento superior al 88 por ciento.
El informe revela que el perfil de periodistas incorporados al Mecanismo, según su línea informativa, la fuente Política registra 298 personas (61.3 por ciento); seguido de la fuente Policiaca con 226 (46.5 por ciento); Sociales con 12 (2.4); Deportivo y cultural con 11 (2.2); información diversa con nueve (1.9); y Científica con cuatro (0.8).
El 54 por ciento, que representan 271 periodistas incorporados al Mecanismo se concentra en seis entidades federativas: Ciudad de México (76); Guerrero (56); Tamaulipas (46); Quintana Roo (41); Sonora (26) y Veracruz (26).
La Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas surgió en 2012 ante la falta de atención a las agresiones de personas defensoras y periodistas por parte de las autoridades involucradas: policías municipales, estatales y federales, así como las omisiones de las fiscalías respecto a dictar medidas cautelares que les corresponde cuando existe una víctima del delito en riesgo.
El informe destaca que el Mecanismo nació para impulsar, mediante cooperación y coordinación, la atención del tema entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y las fiscalías locales federal. El Mecanismo es una medida extraordinaria para proteger a periodistas y personas defensoras que enfrentan situaciones de riesgo.