Sheinbaum responde a Trump: diálogo y cooperación, no amenazas
Morelia, Mich., 21 de marzo.-La dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, se ha convertido en noticia debido a que en su declaración 3 de 3 no informó que era dueña de un lujoso departamento en Miami de casi un millón de dólares. Es obvio que debe de haber decenas de políticos, de diferentes partidos, que no declararon el total de sus bienes, pero que seguramente no dejaron huella.
No es pecado ser dueño de un lujoso departamento en Estados Unidos, sin embargo por tratarse de una figura de izquierda la condena es mayor. No dudo que su compra fue legal. De hecho, Barrales de 2000 a la fecha prácticamente ha ocupado sólo cargos de elección popular, tanto en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México como en el Senado de la República.
De acuerdo con una nota de Univisión Investiga, Alejandra Barrales compró el departamento en 2015 por medio de una preventa y pagó un anticipo de 693 mil dólares en el lapso de siete meses. El recurso con el que se dio el enganche fueron varios eventos, varios pagos.
La dirigente nacional del PRD manifestó que todos los pagos salieron de su cuenta de ahorros. Seguramente el linchamiento mediático apenas comienza. Sin embargo causa extrañeza porque precisamente salió a la luz pública esta noticia cuando en el PRD hay división, en parte porque muchos de sus líderes pretenden apoyar al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Recientemente, Barrales había declarado que no descartaba que su partido se uniera con Morena para los comicios de 2018.
Como diría Salinas, no es casual. No es lo mismo que un panista, como ocurre con Ricardo Anaya, tenga bienes en Estados Unidos, o incluso cualquier priista, porque al fin y al cabo tienen fama de ser corruptos. En el caso de Barrales, seguramente le costará el liderazgo en el partido del sol azteca.
Estamos observando que antes de que inicie la elección de 2018 seremos testigos de noticias sorprendentes, porque es obvio que todos los políticos, incluyendo a los del PRI los tienen bien monitoreados, cualquier error y omisión tendrá consecuencias. No será una contienda política sino una verdadera guerra la que se avecina, porque insistimos, lo que está en juego no es cualquier cosa. Pero el asunto de Barrales nos confirma que sin lugar a dudas el juego del poder es un buen negocio.