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CIUDAD DE MÉXICO, 14 de julio de 2021.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado enérgico a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que se refuercen los trabajos de prevención y protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas ante el alarmante incremento de agresiones, particularmente homicidios, que se ha registrado en su contra en los últimos años con motivo de su labor.
Del año 2000 hasta 4 de julio de 2021, este Organismo Nacional ha registrado 171 homicidios de periodistas, así como 23 personas periodistas desaparecidas, mientras que, respecto de las personas defensoras, de 2006 hasta la fecha, se han registrado 72 homicidios y 9 personas desaparecidas. Cabe señalar que algunos de estos casos son materia de investigación por las presuntas violaciones a los derechos humanos a la debida diligencia en su modalidad de procuración de justicia a cargo de las autoridades responsables de la investigación de los referidos homicidios.
La CNDH hace un enérgico llamado a la autoridades de los tres órdenes de gobierno, recordándoles que tienen una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección ante el riesgo de de que continúen produciéndose crímenes en contra de personas defensoras y periodistas, por situaciones concretas, en que las autoridades saben que hay un riesgo real e inminente de que se cometan estas agresiones, al estar al tanto de los contextos estructurales de violencia, impunidad y autocensura que existen en nuestro país.
La Comisión Nacional reitera que el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con los derechos humanos de periodistas y personas defensoras, especialmente, con las mujeres de ambos gremios, considerando además el alarmante incremento en los casos de violencia de género, muchos de los cuales han culminado en feminicidios y otras formas de violencia.
Este organismo nacional reconoce que el panorama descrito presenta una serie de desafíos para la protección de estos dos grupos en situación de riesgo, por ello, destaca que el combate a la violencia en contra de personas defensoras y periodistas exige una política integral de prevención, protección y procuración de justicia; de ahí la importancia de que las autoridades se coordinen desde los diversos ámbitos de competencia para asegurar las condiciones óptimas tanto para la prevención de agresiones en su contra, como para su oportuna y eficaz protección.