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TOLUCA, Edomex., 12 de julio de 2017.- Como parte de las acciones para combatir el mal uso del armamento asignado a los elementos, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), ha logrado el pago para la reposición de 48 armas de fuego por el concepto de robo o extravío.
Del 2012 a la fecha, la CES, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ha gestionado ante el Agente del Ministerio Público, 146 expedientes con motivo del robo y/o extravío de armas de fuego incluidas en la Licencia Oficial Colectiva otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
De éstas, en un caso se logró formular imputación contra un elemento, el cual ejerció su derecho a agotar un mecanismo alternativo de solución acordando la reparación del costo del arma y se dio vista a la Contraloría Interna de la CES a 59 expedientes para que se les determine alguna responsabilidad administrativa, con lo que se obtuvo la reparación de 48 armas de fuego.
Estas acciones sirven para reforzar las reformas a la Ley de Seguridad de la entidad propuestas por el Gobierno del Estado de México, como la modificación al artículo 207 para generar entre los cuerpos policiacos municipales y estatales, un sentido de responsabilidad y cuidado del equipo que se les proporciona para el desarrollo de sus funciones.
El titular del Ejecutivo estatal, Eruviel Ávila Villegas, propuso la adición a dicho código el “robo por negligencia” y aumento en las sanciones punitivas a los oficiales de las corporaciones de seguridad que se les demuestre el extravío, daño, alteración, sustracción, entrega a un tercero, ocultamiento o desaparición del equipo y armas de fuego asignados para el desarrollo de sus labores.
La propuesta de modificación de ley contempla que el robo por negligencia de un arma corta sea sancionado de uno a cuatro años de prisión y de 200 a 400 días de multa; y en el caso de que sea un arma larga, la pena será de dos a seis años de cárcel y de 300 a 500 días de multa.
En ambos casos se deberá de dar el pago de la reparación del daño en favor de la institución de seguridad pública que haya otorgado las asignaciones o resguardos correspondientes, como ha estado trabajando la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana en los últimos años.